La Defensoría del Pueblo alertó sobre un alarmante incremento del 17,92 por ciento en las tutelas relacionadas con el derecho a la salud entre 2024 y 2025, pasando de más de 265.000 casos a cerca de 312.500, lo que representa el 34 por ciento del total nacional de tutelas. Esta situación fue expuesta por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante un panel con expertos en derecho, salud pública y derechos humanos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo 2026), donde se hizo un llamado urgente a una reforma estructural del sistema de salud para superar barreras como demoras en citas médicas, negación de medicamentos y trabas en procedimientos especializados.
El informe destaca que la tasa de éxito de estas tutelas alcanza el 74,3 por ciento, con un enfoque particular en enfermedades circulatorias que representan el 12,2 por ciento de los casos, mientras que los costos asociados a patologías complejas superan el 20 por ciento del promedio general. Los sujetos de especial protección, que constituyen el 39,57 por ciento de los demandantes, incluyen personas con enfermedades graves en un 35,30 por ciento, adultos mayores en el 24,65 por ciento y aquellos con discapacidad en el 15,37 por ciento. Esta judicialización responde a fallas estructurales en el acceso a servicios, medicamentos y tratamientos, respaldadas por la Corte Constitucional, que confirma que los ciudadanos agotan los recursos burocráticos antes de recurrir a la tutela.
Poblaciones vulnerables y disparidades regionales
Las poblaciones más afectadas incluyen a personas privadas de la libertad, que presentan las tasas más altas de tutelas, así como regiones con mejores indicadores socioeconómicos, en contraste con tasas bajas en Vichada, La Guajira y Chocó debido a una doble exclusión que les impide incluso acceder a la justicia. Entre las enfermedades recurrentes figuran trastornos osteomusculares, neurológicos y endocrinos, con la hipertensión como la más frecuente, seguidas de problemas de salud mental como ansiedad, autismo y depresión, además de cáncer y afecciones neurológicas graves que están sobrerrepresentadas en las demandas.
«Las poblaciones más vulnerables enfrentan una doble exclusión: dificultades para recibir atención médica y para recurrir a la justicia.»
Defensoría del Pueblo
«La salud no puede seguir dependiendo de la judicialización. Un sistema que obliga a la ciudadanía a acudir masivamente a la tutela evidencia fallas en su capacidad de respuesta, en la garantía de la oportunidad y en la continuidad de la atención.»
Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo
Este diagnóstico oficial, presentado en Filbo 2026, subraya la necesidad imperiosa de reformas que fortalezcan el sistema de salud para evitar que la tutela siga siendo el último recurso de miles de colombianos, garantizando así una atención oportuna y equitativa para todos, especialmente los más vulnerables.
