La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) lanzó una alerta este martes sobre el futuro de su labor humanitaria en Colombia: una reducción de 16.636,5 millones de pesos en su presupuesto de inversión para 2027 pondría en jaque la búsqueda de más de 137.000 personas desaparecidas en el país. La entidad, que solicitó 112.002,5 millones de pesos para inversión el próximo año, advirtió que la enmienda al proyecto de presupuesto contempla apenas 59.636,5 millones de pesos, una cifra que no solo está muy por debajo de lo requerido, sino que también es inferior a la asignación de 2026, que fue de 76.273 millones de pesos.
La directora general de la Ubpd, Luz Janeth Forero Martínez, explicó que esta disminución de recursos, enmarcada en las restricciones fiscales del país, golpea directamente los dos pilares que sostienen la búsqueda: la investigación interdisciplinaria y el despliegue operativo en los territorios. «La reducción de los recursos de inversión afecta directamente los dos pilares que hacen posible la búsqueda: la investigación interdisciplinaria y el despliegue operativo territorial de los equipos investigativos y forenses, quienes desarrollan la mayor parte de su trabajo en áreas dispersas y de poca accesibilidad», señaló la funcionaria, quien subrayó que estos equipos trabajan en condiciones de difícil acceso, donde la presencia constante es clave para avanzar en las investigaciones.
Un recorte que pone en vilo el proceso humanitario
El impacto de esta reducción no es menor. De acuerdo con la Ubpd, el 87,59 por ciento de los recursos de inversión de 2026 ya se encuentran comprometidos, lo que deja un margen muy estrecho para asumir nuevas acciones en 2027. En concreto, se verían afectadas las labores de prospección y exhumación en más de 15.000 puntos de interés forense identificados, y al menos 10.000 intervenciones de este tipo quedarían sin ejecutar. Además, más de 10.000 personas que se presume están vivas verían retrasada su localización activa, y las más de 690 investigaciones humanitarias y extrajudiciales proyectadas para el próximo año estarían en riesgo. La participación de más de 25.000 personas buscadoras, que hoy integran los procesos de búsqueda, también se vería impactada, así como el aumento proyectado del 45 por ciento en la toma de muestras biológicas para el Banco de Perfiles Genéticos, un avance fundamental para la identificación de las víctimas.
Forero Martínez insistió en que la Unidad no desconoce la situación fiscal del país, pero recordó que en los últimos tres años la inversión se mantuvo cerca de los 76.273 millones de pesos anuales, una cifra que ya resultaba insuficiente frente a la necesidad técnica real. «Si tuviera que señalar una prioridad, sería garantizar la continuidad del despliegue territorial y forense y de las investigaciones que ya están en curso. Estas capacidades permiten convertir años de investigación en resultados humanitarios concretos: una prospección, una recuperación, una identificación, una entrega digna o una persona encontrada con vida», afirmó. La directora también alertó que al menos la mitad de los seis Centros Integrales de Abordaje Forense e Identificación creados en el último año podrían cerrar sus puertas si no se asegura una financiación mínima.
«Nuestra prioridad es preservar las capacidades que hoy permiten avanzar en las investigaciones y dar respuestas que por décadas las familias esperan sobre la suerte de sus seres queridos»
Luz Janeth Forero Martínez, directora general de la Ubpd
El llamado de la Ubpd se produce en un momento crítico, pues el paso del tiempo reduce las posibilidades de localizar a las personas desaparecidas y de ofrecer respuestas a sus familias. La entidad, que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr) junto con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, insiste en que la inversión es la base para mantener las investigaciones humanitarias y extrajudiciales, las intervenciones forenses, los laboratorios de identificación, la presencia regional, la participación de las familias y la infraestructura tecnológica necesaria para cumplir su mandato. Ahora, la decisión está en manos del Congreso, que deberá definir si atiende el llamado de la Unidad y protege un proceso que busca, sobre todo, dignificar la memoria de más de 137.000 personas que siguen siendo buscadas en Colombia.
