La UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero, aclaró este martes, mediante una comunicación oficial, que no existen requerimientos formales de autoridades extranjeras para investigar al presidente Gustavo Petro ni a su círculo cercano y que, hasta la fecha, no se ha recibido ningún informe de operaciones sospechosas vinculadas a él, a la primera dama Verónica Alcocer, a Nicolás Petro Burgos o a Armando Benedetti. En este marco, la entidad señaló que Nicolás Petro Burgos no presenta resultados que lo conecten con narcotráfico y que Benedetti habría recibido un requerimiento judicial específico, pero el informe no lo vincula con los delitos. En el plano internacional, OFAC describe la inclusión como una medida administrativa y no un fallo judicial, mientras que el Grupo Egmont mantiene su vínculo pese a la suspensión temporal de la Red Segura, y la UIAF dispone de un mecanismo alternativo para el intercambio seguro de información, todo ello en Colombia y mediante una comunicación oficial de la institución.
Entre los datos clave que respalda la aclaración, la UIAF detalla que, desde el inicio de la administración de Petro, se han difundido 999 informes de inteligencia financiera, con un valor reportado de 169,73 billones de pesos; en el periodo anterior a su gestión, el monto reportado fue de 51,1 billones de pesos. Además, no se han recibido reportes de operaciones sospechosas de bancos vinculados al presidente o a la primera dama. En cuanto al marco de cooperación internacional, la UIAF reiteró que, en caso de recibir requerimientos formales y conformes a tratados, actuará conforme a la ley, subrayando que la ausencia de tales requerimientos implica la inexistencia de bases para acciones.
Contexto y alcance de las aclaraciones
La noticia se inscribe en un contexto de polémica previa sobre la inclusión de altos funcionarios colombianos en listas de sanción como OFAC y la controversia alrededor de la Red Segura del Grupo Egmont. La UIAF informa que estas declaraciones buscan desmentir rumores sobre investigaciones internacionales y el supuesto involucramiento de funcionarios en delitos, dejando claro que sin solicitudes formales no existen bases para acciones y que, de presentarse requerimientos conformes a la normativa, se responderá conforme a la ley. En paralelo, el grupo Egmont mantiene su vínculo pese a la suspensión temporal y la UIAF señala que continúa con un mecanismo alternativo para el intercambio seguro de información entre países.
«No se ha recibido requerimiento alguno por parte de autoridades judiciales nacionales, como lo son la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, u otras autoridades de otros países, sobre el cual se haya solicitado la realización de un informe de inteligencia financiera o intercambio de información del señor presidente de la República, de la primera dama de la Nación o de Nicolás Petro Burgos por estar presuntamente relacionados con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo, y proliferación de armas de destrucción masiva» – UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero
«medida administrativa unilateral y discrecional, basada en un criterio político sin soporte probatorio y no equivale a una responsabilidad penal» – UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero
La UIAF reiteró su compromiso con la transparencia y la cooperación con autoridades nacionales e internacionales, recordando que la inclusión en listados o la difusión de medidas administrativas no implica responsabilidad penal y que cualquier actuación se sustenta en requerimientos formales y procedimientos legales vigentes. El país continúa fortaleciendo los mecanismos de intercambio de información y la colaboración con autoridades para aclarar rumores y salvaguardar la integridad de sus funcionarios cuando existan fundamentos legales para ello.
