El anuncio del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, de otorgar un plazo de 30 días para que los grupos criminales se sometan a la justicia ha reavivado el debate sobre la política de Paz Total impulsada por el actual mandatario Gustavo Petro. Diversos congresistas calificaron la estrategia gubernamental como un «fracaso», mientras el nuevo gobierno se prepara para asumir el poder en medio de expectativas de un giro en la seguridad. El senador electo del Centro Democrático, Hernán Cadavid, y el congresista reelecto Ariel Ávila expusieron sus posturas encontradas durante el proceso de transición presidencial, señalando que el ultimátum de De la Espriella evidencia la necesidad de un enfoque distinto al aplicado hasta ahora.
En medio de las críticas, se recordó el precedente del Acuerdo de Paz de La Habana, que logró la desmovilización de 13.000 guerrilleros, de los cuales 8.000 se encontraban en armas. Sin embargo, para Cadavid ese proceso generó costos políticos y económicos al país. Ariel Ávila, por su parte, indicó que la Paz Total estuvo «muy mal manejada desde el principio», al carecer de un marco jurídico de sometimiento exigido por la Corte Constitucional. La ley permite acercamientos y diálogos, pero sin ese marco, los procesos con grupos como el Clan del Golfo o las estructuras de Medellín son, según Ávila, «literalmente como humo».
Declaraciones cruzadas sobre el futuro de la negociación
Las voces en el Congreso reflejan la polarización en torno a la estrategia de desactivación de grupos armados. Hernán Cadavid sostuvo que el único camino viable es el sometimiento al Código Penal, descartando cualquier reconocimiento político o beneficios jurídicos adicionales. «Hoy el único camino, y por eso también votaron los colombianos, es que los grupos armados al margen de la ley se sometan al único camino legal que hoy existe», afirmó. Agregó que lo que ha habido siempre es «un cóctel de beneficios jurídicos para todas esas estructuras». En contraste, Ariel Ávila reconoció que solo el ELN tendría sentido como interlocutor político en la actualidad, y criticó que se les hubiera dado reconocimiento político a disidencias como la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor, pues ya se había negociado con las Farc.
«Aquí lo que ha habido siempre es un cóctel de beneficios jurídicos para todas esas estructuras»
Hernán Cadavid, Senador electo del Centro Democrático
«La Paz Total estuvo muy mal manejada desde el principio»
Ariel Ávila, Congresista reelecto
El anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella marca un posible cambio de estrategia frente a la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro. La Corte Constitucional exige un marco jurídico específico para procesos de sometimiento, el cual aún no existe, dejando en el aire la implementación de cualquier nueva negociación. Mientras la inseguridad persiste y las cifras de personas en armas siguen siendo elevadas, el debate congresional pone en evidencia las profundas divisiones sobre cómo abordar el conflicto armado. El Alto Comisionado para la Paz, entidad encargada de estos procesos, observa atento los movimientos del nuevo gobierno, que promete un giro drástico en los primeros 30 días de su mandato.
