Un año después del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el Parque El Golfito de Bogotá, Colombia sigue sin enfrentar de fondo el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados y delincuenciales. El crimen, ejecutado por un adolescente que disparó varias veces contra el político y quien falleció el 11 de agosto de ese mismo año, evidenció una vez más la instrumentalización de niños y niñas en el conflicto armado, una práctica que el país ha normalizado pese a las promesas de justicia y prevención.
El menor responsable del atentado fue reintegrado como víctima con una sanción de siete años, pues en Colombia los menores no son condenados sino tratados bajo un enfoque restaurativo. La investigación señala que el adolescente fue instrumentalizado por alias “El Costeño”, identificado como Elder José Arteaga Hernández, quien lo convenció de que quedaría libre en poco tiempo. El muchacho, que había perdido a su madre y cuyo padre residía en Europa, vivía bajo el cuidado de una persona que desconocía su paradero tras el ataque. El crimen reavivó tácticas violentas que recordaron los años ochenta y noventa, cuando el cartel de Medellín empleaba el concepto “suizo” para reclutar jóvenes sin oportunidades en misiones suicidas, así como los asesinatos históricos de Rodrigo Lara Bonilla, Carlos Pizarro y el atentado al vuelo 203 de Avianca, en los que también participaron menores.
El reclutamiento infantil en cifras y en el olvido estatal
Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), más de 18.000 menores fueron reclutados por la guerrilla a lo largo del conflicto. Pero la cifra no se detiene ahí: el Ministerio de Defensa estima que el 37% de los combatientes de las disidencias de las Farc serían niños, niñas y adolescentes. En el Guaviare, al menos 11 menores murieron en combate entre las disidencias de “Iván Mordisco” y “Calarcá”. A pesar de estos datos, la discusión social se centró en el castigo al menor autor material del asesinato de Uribe Turbay, y no en la prevención del reclutamiento en las zonas abandonadas por el Estado. La Segunda Marquetalia, dirigida por “Iván Márquez”, habría ordenado el atentado contra el senador, según las pesquisas, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen fue un encargo de estructuras armadas que siguen operando.
La Defensoría del Pueblo emitió comunicados en los que rechaza el uso de niños en la guerra, pero las denuncias no han impedido que las Fuerzas Militares bombardearan campamentos donde se encontraban menores, lo que obligó a disculpas ministeriales. El caso de Miguel Uribe Turbay, a un año de su muerte, sigue siendo el espejo de una realidad incómoda: la infancia colombiana sigue siendo moneda de cambio en la violencia, y el Estado no ha logrado romper el ciclo de reclutamiento, impunidad y olvido.
“Rechazamos de manera categórica la utilización de niños, niñas y adolescentes en acciones armadas. Es una violación flagrante del derecho internacional humanitario y un crimen que el país no puede seguir normalizando”, señaló la Defensoría del Pueblo en un comunicado.
Defensoría del Pueblo de Colombia
