Un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) revela que cerca de 80.000 familias campesinas en Colombia continúan a la espera del cumplimiento de los compromisos estatales para la sustitución de cultivos de coca. De acuerdo con la evaluación realizada al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y a la estrategia RenHacemos, las inversiones realizadas no han logrado demostrar una transformación económica estable y sostenible para los hogares que abandonaron los cultivos ilícitos. El proceso, que comenzó hace aproximadamente una década tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, abarca 61 municipios en el marco del PNIS y se extiende a departamentos como Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Chocó, Antioquia y Vichada con la estrategia RenHacemos.
Según los datos recopilados por la FIP, con corte a julio de 2026, se registran 79.518 hogares activos en el PNIS, de los cuales 46.689 (un 58,7 por ciento) han completado su Plan de Atención Individual (PAI), mientras que 32.829 (el 41,3 por ciento restante) aún tienen compromisos pendientes por parte del Estado. La inversión acumulada en el PNIS asciende a aproximadamente 2,72 billones de pesos, y en RenHacemos, que cobija a 45.000 familias en 26 municipios, se han asignado 1,4 billones de pesos. La Organización de las Naciones Unidas ha verificado 15.000 hectáreas de sustitución voluntaria, lo que evidencia avances, pero también profundas brechas entre lo prometido y lo ejecutado.
Falencias en la coordinación y sostenibilidad
El informe de la FIP no solo señala el incumplimiento en los plazos, sino que identifica problemas estructurales en la implementación de ambas estrategias. Se detectaron fallas en la coordinación entre las instituciones responsables, así como errores en la selección de los territorios beneficiados. La entidad advierte que la ejecución presupuestal, por sí sola, no demuestra que las comunidades hayan logrado transformar sus condiciones económicas, lo que pone en duda la efectividad de las alternativas productivas ofrecidas.
“La ejecución presupuestal, por sí sola, no demuestra que las comunidades hayan logrado transformar sus condiciones económicas”
Fundación Ideas para la Paz (FIP), informe de evaluación del PNIS y RenHacemos
La FIP también advierte que los procesos de sustitución podrían depender en el futuro de negociaciones con organizaciones armadas ilegales, lo que añade una capa de complejidad al ya frágil escenario de posconflicto. Para contrarrestar esta situación, la fundación plantea una serie de recomendaciones que incluyen priorizar el cumplimiento de los compromisos pendientes antes de abrir nuevas convocatorias, mejorar la infraestructura vial, avanzar en la formalización de la propiedad rural, facilitar el acceso al crédito, crear mecanismos de comercialización efectivos, brindar asistencia técnica, garantizar la protección ambiental y asegurar una presencia institucional permanente en los territorios.
La persistencia de estas deudas estatales pone en evidencia las dificultades para consolidar una paz territorial y generar oportunidades económicas reales en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Mientras miles de familias campesinas cumplieron su parte al erradicar los cultivos ilícitos, el Estado aún no logra responder con las condiciones necesarias para que esas comunidades puedan construir un futuro productivo y alejado de la ilegalidad.
