La Unidad para las Víctimas reportó una inversión histórica de 2,5 billones de pesos en indemnizaciones a nivel nacional durante la vigencia 2025, de los cuales un billón de pesos se destinó exclusivamente a municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Este esfuerzo financiero benefició a 105.062 personas residentes en esas zonas, que históricamente han sido las más golpeadas por el conflicto armado interno. En total, 220.533 víctimas fueron indemnizadas en todo el país, lo que representa más del 31% de las indemnizaciones realizadas durante la actual administración.
El balance, presentado por la entidad coordinadora de atención y reparación en Colombia, también reveló que 586.899 personas fueron incorporadas al Registro Único de Víctimas (RUV), de las cuales 221.030 residen en municipios PDET. Estas regiones priorizadas incluyen subregiones como Catatumbo, Chocó, Alto Patía y Norte del Cauca, y Pacífico Medio, donde la presencia institucional se ha fortalecido en el marco de los acuerdos de paz. La inversión se canalizó a través del Fondo para la Reparación a las Víctimas, que realizó 13.336 pagos parciales por un valor de 267.708 millones de pesos, en cumplimiento de sentencias de Justicia y Paz.
Prevención, atención psicosocial y reparación colectiva
En materia de prevención urgente, la Unidad para las Víctimas financió 49 proyectos en zonas PDET con una inversión cercana a los 7.000 millones de pesos, buscando mitigar los riesgos que enfrentan las comunidades ante la continuidad del conflicto armado. Paralelamente, la ayuda humanitaria llegó a 45.473 hogares, mientras que 24.794 víctimas recibieron atención psicosocial, de las cuales 10.172 pertenecen a 147 municipios PDET. La reparación colectiva étnica también tuvo avances significativos: 522 sujetos colectivos fueron acompañados, entre ellos 262 comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y 260 comunidades indígenas. Además, se formalizaron 71 Planes Integrales de Reparación Colectiva (Pirc) y se indemnizó a 36 sujetos étnicos en zonas PDET.
Un hito relevante fue la protocolización de los decretos ley étnicos 4633, 4634 y 4635 de 2011, que reconocen los derechos de comunidades indígenas, negras y afrocolombianas. En el resguardo Emberá Chamí de Honduras, se cerró el proceso de reparación colectiva con 482 acciones concertadas, un ejemplo de cómo la entidad busca cerrar brechas históricas en territorios priorizados. La Ruta Especial para víctimas acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y reconocidas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) consolidó 1.598 incorporaciones desde 2023, de las cuales 938 ocurrieron en 2025.
Efectividad institucional y desafíos persistentes
La Unidad para las Víctimas alcanzó el 100% de efectividad en los recursos presentados ante la JEP en territorios como Norte de Santander, Huila, Costa Caribe, Ariari, Guayabero y el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, lo que demuestra un fortalecimiento institucional en regiones clave. Sin embargo, el contexto del conflicto armado interno, con la presencia de grupos armados y estructuras criminales, sigue siendo un desafío para la atención y reparación integral de los afectados. La entidad, que maneja el Registro Único de Víctimas y entrega ayuda humanitaria e indemnizaciones, continuará trabajando en los PDET, territorios priorizados en los acuerdos de paz, para cerrar las brechas que persisten en las zonas más golpeadas por la violencia.
