La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo) presentó ante la Contraloría General de la República una queja de responsabilidad fiscal contra cuatro exministros de Relaciones Exteriores y seis exdirectores de Talento Humano de la Cancillería, por presuntos nombramientos provisionales irregulares que habrían causado un detrimento al patrimonio público. La denuncia, divulgada el 13 de octubre, señala que durante el periodo 2022-2026 se designaron personas ajenas a la carrera diplomática y consular en cargos que debían ser ocupados por funcionarios de carrera, utilizando certificaciones de no disponibilidad de personal que el sindicato considera fraudulentas, en contra de las reglas establecidas por el Consejo de Estado en 2015 sobre el carácter excepcional de estos nombramientos.
La queja solicita a la Contraloría examinar las actuaciones administrativas del Ministerio de Relaciones Exteriores, requerir documentos, verificar la disponibilidad de funcionarios de carrera y cuantificar los gastos generados por estas designaciones. Según Unidiplo, las consecuencias económicas no se limitan a los salarios pagados a personas que no debían estar en esos cargos, sino que incluyen conceptos como tiquetes aéreos, viáticos, gastos de menaje, prima de instalación, costos de regreso al país cuando el nombramiento es anulado judicialmente, e incluso una posible doble remuneración en algunos casos. Entre 2022 y 2026 se han tramitado más de 200 procesos judiciales de nulidad electoral relacionados con estos nombramientos, y el sindicato afirma que la gran mayoría de las decisiones han sido favorables a la carrera diplomática, incluyendo la anulación de las designaciones.
Una solicitud de investigación que no implica responsabilidad
Es importante aclarar que la queja presentada por Unidiplo constituye una solicitud de investigación y no implica que los exfuncionarios señalados hayan sido declarados responsables. El proceso de responsabilidad fiscal ante la Contraloría deberá establecer si hubo daño patrimonial y, de reunirse los elementos legales, podría concluir con una declaratoria de responsabilidad y una orden de resarcimiento del daño. La organización sindical pide a la Contraloría reconstruir las actuaciones administrativas con base en la documentación del Ministerio de Relaciones Exteriores, revisar las certificaciones de no disponibilidad de personal y cruzarlas con las decisiones judiciales que han anulado los nombramientos.
«Nuestra organización sindical reitera su compromiso con el mérito, la legalidad y el uso eficiente de los recursos públicos en el servicio exterior», señaló la Junta Directiva de Unidiplo en el comunicado con el que se conoció la denuncia.
Junta Directiva de Unidiplo
El caso pone nuevamente en el centro del debate la protección de la carrera diplomática y consular en Colombia, así como el uso de los recursos públicos en el servicio exterior. Mientras avanza la investigación fiscal, los más de 200 procesos judiciales en curso seguirán definiendo la legalidad de los nombramientos cuestionados, con un precedente favorable a la meritocracia que, según el sindicato, se ha venido consolidando en las decisiones de los tribunales.
