La Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Unips) presentó esta semana objeciones formales al Ministerio de Salud frente al proyecto de decreto gubernamental que busca aumentar el porcentaje de giro directo de recursos del sistema de salud del 80 % al 90 %. A través de un comunicado y un estudio técnico, el gremio señaló que la medida, si bien representa un avance, resulta insuficiente para solventar los problemas estructurales que afectan el flujo financiero del sector.
De acuerdo con el análisis de Unips, basado en la revisión de los recursos girados durante 2025, el incremento propuesto por el gobierno nacional carece de reglas explícitas que garanticen la regularidad temporal, la estabilidad de los montos y una trazabilidad verificable. “Incrementar el porcentaje de giro directo, sin incorporar reglas explícitas de regularidad temporal, estabilidad de montos y trazabilidad verificable, resulta insuficiente para resolver los problemas estructurales del flujo financiero del sistema”, sostiene el documento remitido al ministerio.
Las fallas detectadas por las IPS
El gremio identificó diversas irregularidades que afectan la planeación financiera de las instituciones prestadoras, entre ellas, la falta de periodicidad en las postulaciones, montos girados que no se ajustan a lo esperado y condiciones inequitativas en la priorización de los recursos. Además, advirtieron sobre “condiciones inequitativas en la priorización de recursos, inconsistencias en la trazabilidad de la información reportada y limitaciones en los mecanismos actuales de seguimiento”. Estas fallas, según Unips, ponen en riesgo el pago oportuno del talento humano en salud, la adquisición de medicamentos e insumos, la incorporación de nuevas tecnologías y, en última instancia, la continuidad de la atención a los pacientes.
Propuesta de una comisión de seguimiento
Frente a este panorama, Unips propuso la creación de una Comisión Técnica de Seguimiento a los recursos girados, que contaría con la participación del Ministerio de Salud, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la Superintendencia Nacional de Salud, y representantes de las EPS e IPS. El objetivo de este organismo sería monitorear de manera constante la postulación, el giro, la oportunidad, la regularidad y la trazabilidad de los recursos, con el fin de identificar alertas tempranas y corregir desviaciones a tiempo.
Las IPS manifestaron su disposición a continuar en diálogo técnico con el Gobierno nacional para encontrar soluciones que garanticen la sostenibilidad del sistema. “Se requiere que los recursos lleguen con certeza y regularidad, no solo con un mayor porcentaje”, concluyó el gremio en su pronunciamiento.
