El concurso público destinado a proveer 329 notarías en Colombia enfrenta un nuevo y complejo escenario de obstáculos jurídicos, operativos y presupuestales, agravado en las últimas horas por la solicitud formal de la Universidad Libre de terminar de mutuo acuerdo el contrato para ejecutar el proceso y por las contundentes advertencias de irregularidades emitidas por la Contraloría y la Procuraduría. La crisis se puso de manifiesto durante la reunión de este lunes del Consejo Superior de la Carrera Notarial, donde se discutieron las dificultades que mantienen el proceso suspendido desde hace siete meses, con un cronograma que ya acumula un retraso significativo y una modificación contractual que incrementó en un 88% el tiempo de ejecución previsto, extendiéndolo hasta julio de 2027.
El corazón del conflicto se centra en el Contrato No. 2189, firmado en julio de 2025 entre la Superintendencia de Notariado y Registro y la Universidad Libre por un valor de 8.127 millones de pesos. Inicialmente, el proceso contemplaba inscripciones entre el 26 de junio y el 17 de julio de 2026, con pruebas escritas programadas para el 11 de octubre del mismo año y la publicación de la lista definitiva de elegibles para el 28 de julio de 2027. Sin embargo, la Universidad Libre, a través de su representante legal, María Elizabeth García González, ha señalado que la extensión del concurso desbordó el marco de riesgos previsibles, generando una «excesiva onerosidad sobreviniente» que alteró el equilibrio financiero pactado inicialmente. La entidad educativa pidió que la terminación contractual no sea interpretada como un incumplimiento, sino como una consecuencia directa de decisiones administrativas posteriores que modificaron gravemente las condiciones económicas y operativas del acuerdo.
Advertencias de irregularidades y denuncias presidenciales
En medio de la compleja situación, la Contraloría ha emitido un hallazgo con incidencia disciplinaria por la falta de control sobre aspectos sustanciales del concurso. Según una comunicación oficial del ente de control, «en el informe de asuntos pendientes del 14 de enero de 2026 se reconoció que seguían sin decisión del Consejo Superior de Carrera Notarial, elementos esenciales para la operación del concurso, incluidos instrumentos de prueba, metodologías, criterios de evaluación, acuerdo de confidencialidad». Esta omisión pone en evidencia la parálisis de un proceso que involucra a 299 notarías en interinidad, 30 que funcionan bajo modalidad de encargo y solo 591 con titulares en propiedad, de un total de 340 vacantes inicialmente abiertas en el cronograma.
El presidente Gustavo Petro también elevó la temperatura del debate al afirmar, durante una entrevista con Caracol Radio, que «no quise hacer el concurso en tiempo electoral, usted entenderá las razones. Venden a 700 millones de pesos cada cupo de notarías. Esa es otra mafia…». La denuncia presidencial, aunque no fue respaldada con pruebas concretas en su momento, ha generado una oleada de reacciones y ha puesto bajo la lupa a la Superintendencia de Notariado y Registro, que participó en la reunión del Consejo Superior con voz pero sin voto, y al propio Consejo, que continúa evaluando el futuro del concurso y posibles modificaciones al cronograma.
«No quise hacer el concurso en tiempo electoral, usted entenderá las razones. Venden a 700 millones de pesos cada cupo de notarías. Esa es otra mafia…»
Gustavo Petro, Presidente de Colombia, en entrevista con Caracol Radio
El panorama es sombrío para la carrera notarial, un sector que aguarda con expectativa la resolución de un proceso que lleva más de medio año suspendido. Mientras la Contraloría, la Procuraduría, encabezada por Gregorio Eljach, y la Fiscalía adelantan investigaciones relacionadas con el caso, el Consejo Superior de la Carrera Notarial, que reúne a figuras como el Ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo, el presidente de la Corte Suprema Mauricio Lenis y el presidente del Consejo de Estado Alberto Montaña, deberá tomar decisiones que podrían redefinir el mapa notarial del país. La Universidad Libre, por su parte, insiste en que la modificación sustancial del contrato, incluyendo la incorporación de nuevas actividades como jornadas presenciales y entrevistas, justifica la terminación anticipada sin que se le atribuya responsabilidad alguna, dejando en el aire la suerte de las 329 notarías que esperan ser provistas en propiedad.
