En un giro que genera preguntas sobre la transparencia de las contrataciones universitarias, La Veintitrés Manizales reporta que la Universidad Nacional de Colombia adjudicó el contrato de vigilancia por un valor de 70.000 millones de pesos a la Unión Temporal ANS, integrada por Sepecol Ltda. y Nápoles Ltda., tras un notable incremento en la puntuación que habría beneficiado a este consorcio frente a la competencia, según documentos disponibles para todas las sedes de la universidad.
El proceso se movió entre evaluaciones y cambios de actas en un marco que ya ha puesto en tela de juicio la forma como se manejan las puntuaciones. La evaluación preliminar se llevó a cabo el 30 de octubre y, sorprendentemente, el acta de cierre fue publicada el 17 de octubre de 2025 a las 12:46 p.m. y fue reemplazada a las 3:06 p.m. En este contexto, UT Unal EAC ocupó la posición dominante en las preliminares y UT ANS 2025 emergió como la ganadora final. Con todo, la Contraloría General de la República solicitó el 12 de noviembre la remisión de todas las actas, criterios de puntaje, observaciones y respuestas oficiales del proceso sin depender de plataformas como Google Drive para la entrega, lo que añade presión a la institución para una mayor claridad documental.
Detalles y contexto de la adjudicación
Entre las cifras oficiales de puntaje, UT Unal EAC obtuvo en la evaluación preliminar un total de 997,6 con un componente económico de 197,6, mientras que en la etapa final cayó a 955,9 total y 155,9 en económico. Por su parte, UT ANS 2025 cerró la preliminar con 857,1 total y 57,1 económico, y en la final logró un total de 995,3 y 195,3 en el apartado económico, quedando finalmente como adjudicataria. El contrato, cuyo valor asciende a 70.000 millones, cubre la vigilancia para la Universidad Nacional de Colombia en todas sus sedes. En medio de estas cifras, ya hay cuestionamientos sobre la transparencia y la competencia, alimentados por antecedentes de cambios de puntaje y la sustitución de actas, así como por el requerimiento de la Contraloría.
Como antecedente inmediato, en febrero de 2025 ya existió un proceso por 98.614 millones que quedó desierto tras la participación de un único oferente, la UT Alianza Segura, integrada por Detección Seguridad Privada Ltda. y Seguridad El Pentágono Colombiano Ltda., lo que añade una capa de complejidad y expectativa sobre el actual procedimiento. Estas circunstancias han colocado a la contratación en la órbita de la vigilancia institucional y la necesidad de garantizar que las reglas del juego se apliquen con rigor, evitando preferencias indebidas que afecten a la competencia.
Entre los elementos que alimentan la lectura de posible irregularidad se mencionan la exclusión de oferentes por exigencias que algunos analistas califican como desproporcionadas, como certificaciones ISO prescindibles, visitas técnicas y credenciales de integradores tecnológicos, además de obligaciones contractuales sin contrapartida, prácticas que podrían contravenir la Circular 445 de 2024 de la Superintendencia de Vigilancia. Además, hay coincidencias entre este proceso y la temporada vacacional, además de la recepción de una sola propuesta, factores que amplifican las dudas sobre el alcance de la competencia. La Universidad Nacional señaló que errores en documentos y en la transcripción del acta de cierre fueron subsanados “en concordancia con los principios de eficacia y publicidad” desde el 17 de octubre, una afirmación que la Contraloría y la comunidad universitaria observan con lupa para evaluar la integridad del procedimiento.
La solicitud de la Contraloría recalca la obligación de remitir todas las actas, criterios de puntaje, observaciones y respuestas oficiales del proceso, sin utilizar medios como Google Drive para la entrega. — Contraloría General de la República
A la fecha, el acta continúa publicada en la plataforma oficial del proceso. — Universidad Nacional de Colombia
En resumen, este caso plantea dudas relevantes sobre la transparencia y la competencia en un proceso sensible para la Universidad Nacional de Colombia y sus estudiantes, docentes y proveedores. La Contraloría mantiene la revisión en curso y este medio seguirá informando los avances oficiales y cualquier corrección que se aplique para asegurar que futuras licitaciones se ajusten a normas claras, publicitadas y verificables, fortaleciendo, así, la confianza en las adquisiciones de una institución de alta relevancia académica y social en el país.
