La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ha iniciado un paro académico que se extenderá hasta el 20 de marzo de 2026, en rechazo a la restitución judicial de José Ismael Peña Reyes como rector. La medida fue declarada por la Asamblea Triestamentaria, integrada por estudiantes, docentes y personal administrativo, quienes desconocen la autoridad de Peña tras el fallo de segunda instancia emitido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. El paro comenzó inmediatamente después del vencimiento del plazo judicial de 48 horas, el pasado 19 de febrero de 2026.
Esta decisión surge en medio de un conflicto que se remonta a una consulta estamentaria no vinculante en la que Leopoldo Múnera obtuvo la mayoría de los votos, aunque el Consejo Superior Universitario designó a Peña como rector. Desde noviembre de 2025, Andrés Felipe Mora había asumido la rectoría encargada, pero el fallo judicial obligó a la universidad a reincorporar a Peña, lo que llevó al CSU a realizar una sesión extraordinaria para acatar la orden y poner fin a la gestión de Mora.
Impacto en la comunidad universitaria y demandas adicionales
El paro implica la suspensión de clases presenciales y ha convocado a una Mesa Constituyente Universitaria, además de exigir garantías al derecho a la protesta y la suspensión de medidas disciplinarias. La Asamblea Triestamentaria denuncia problemas estructurales atribuidos a Peña y a la exrectora Dolly Montoya, como la falta de un edificio para la Facultad de Farmacia y la situación crítica en la sede de Tumaco. También solicitan la liquidación de Rotor y de corporaciones privadas que, según ellos, desvían recursos públicos, y rechazan los señalamientos contra el profesor Francisco Toloza realizados por un representante estudiantil.
“Contra la imposición de las cortes uribistas de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia, ¡viva el paro!”
Asamblea Triestamentaria, Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá
Este nuevo capítulo en la crisis de la rectoría de la Universidad Nacional pone en jaque la normalidad académica en su sede principal de Bogotá, mientras la comunidad universitaria se moviliza para defender lo que considera una imposición judicial ajena a los procesos democráticos internos.
