La Universidad de San Buenaventura sede Bogotá, a través de un análisis realizado por la docente de Ciencia Política Margarita Martínez en colaboración con la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, alertó sobre 170 municipios en riesgo de fraude y violencia de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026. De estos, 81 se encuentran en riesgo extremo y concentran, excluyendo Bogotá, a 4.564.177 votantes, lo que representa el 11 por ciento del censo electoral nacional de 41.287.084 personas. El estudio, basado en variables de riesgo territorial de la MOE, el tamaño del censo electoral y la capacidad operativa de la Registraduría, incluye guías prácticas para denunciar delitos como la compra de votos, coacción, traslado irregular de votantes, amenazas y otros.
Estos 170 municipios destacan por su alta exposición a irregularidades electorales, lo que demanda una vigilancia ciudadana activa y denuncias oportunas para salvaguardar la democracia. El análisis subraya la importancia de reportar incidentes a través de canales oficiales como el micrositio de la Fiscalía, la Línea 122, la Unidad de Recepción de Informes, Trámites y Evaluaciones (URITE) del Ministerio del Interior o la Procuraduría en casos que involucren servidores públicos. Señales comunes de delitos incluyen ofrecimientos de dinero, mercados, transporte o favores a cambio de votos, presiones para votar de cierta forma, retención de cédulas, suplantación de electores y alteración de actas, entre otros.
Riesgos y mecanismos de denuncia
Para una denuncia efectiva, basta con describir qué pasó, dónde, cuándo, cómo y quiénes estuvieron involucrados, acompañando pruebas como fotos, videos o audios sin alteraciones. Margarita Martínez enfatizó que no es necesario ser abogado ni conocer el nombre exacto del delito, solo tener claridad sobre los hechos ocurridos.
«Para denunciar no es necesario ser abogado ni conocer el nombre exacto del delito; lo fundamental es contar con claridad qué sucedió.»
Margarita Martínez, docente de Ciencia Política, Universidad de San Buenaventura
Entre los errores frecuentes se encuentran no denunciar por falta de un video perfecto, demorar el reporte, exponerse al recolectar pruebas o publicar en redes sociales en lugar de usar canales oficiales. La docente también llamó a la responsabilidad colectiva en la protección del proceso electoral.
«La democracia se cuida también con denuncias responsables, oportunas y seguras.»
Margarita Martínez, docente de Ciencia Política, Universidad de San Buenaventura
Contexto de las elecciones y antecedentes
Las elecciones del 8 de marzo de 2026 no solo renovarán el Congreso de la República, sino que incluirán tres consultas interpartidistas presidenciales: la Gran Consulta por Colombia de centro derecha, el Frente por la Vida de izquierda y la Consulta de las Soluciones de centro. Delitos electorales como la compra o venta de votos, traslado irregular, amenazas, constreñimiento, obstrucción y financiación ilegal representan amenazas graves. Un antecedente preocupante proviene del informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre las legislativas de 2022, que detectó indicios de compra de votos en el 7 por ciento de las mesas observadas. En total, el país contará con 13.746 puestos de votación y 125.259 mesas, lo que resalta la necesidad de una mayor capacidad operativa en zonas de riesgo para garantizar un proceso limpio.
Este análisis territorial urge a la ciudadanía a participar activamente en la vigilancia electoral, fortaleciendo así la integridad de la democracia colombiana ante los desafíos identificados en estos 170 municipios críticos.
