La Unidad Nacional de Protección (UNP) lanzó una dura acusación contra los sindicatos internos de la entidad, señalándolos de haber orquestado un paro con fines políticos que mantuvo bloqueadas sus instalaciones durante tres días consecutivos. Según el comunicado oficial, la protesta no solo paralizó la atención de solicitudes urgentes de protección para líderes sociales, sino que también derivó en la presentación masiva de 65 acciones de tutela, lo que suspendió de tajo el proceso público de contratación de empresas de seguridad para las zonas uno y dos, áreas de alta demanda de escoltas.
La entidad estatal afirmó que el bloqueo físico de sus sedes y la lluvia de recursos judiciales constituyeron una estrategia deliberada para obstaculizar la labor institucional y presionar beneficios personales. De acuerdo con la versión oficial, algunos líderes de la protesta habrían obtenido encargos y ascensos durante el proceso, aunque aclararon que estas designaciones se realizaron conforme a la normatividad vigente. La UNP fue enfática en que no negoció bajo presión y que rechazó de plano las peticiones de quienes promovieron lo que calificaron como un acto de sabotaje institucional.
Afectación directa a la protección de líderes sociales
El impacto más grave del paro, según la UNP, fue el retraso en la implementación de esquemas de seguridad para parlamentarios electos, defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales, cuyo riesgo se incrementó durante los días del bloqueo. La suspensión del proceso de selección de contratistas para las zonas uno y dos obligará a la administración entrante a recurrir a mecanismos excepcionales, como la contratación directa por urgencia manifiesta. La entidad advirtió que esta situación podría favorecer a empresas cercanas a los sindicatos, en un contexto donde la agilidad en la protección es crucial.
«El paro de sindicatos fue una jugada para fines políticos: retrasó la protección de líderes sociales»
Comunicado oficial de la Unidad Nacional de Protección
Pese a las acusaciones, la UNP aseguró que el proceso de formalización laboral continuará bajo estrictos parámetros legales y contractuales. Sin embargo, la crisis generada por el bloqueo de tres días y las 65 tutelas será heredada por el próximo gobierno, que deberá resolver la parálisis en la contratación de escoltas mientras atiende las demandas urgentes de protección en un país donde la violencia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales sigue siendo una preocupación constante. La entidad no identificó nominalmente a los dirigentes sindicales responsables, pero dejó claro que la protesta, bajo la fachada de reivindicaciones laborales, escondió, según su visión, intereses políticos y particulares.
