La Unidad Nacional de Protección (UNP) justificó la asignación de un costoso esquema de seguridad para Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y actual gestor de paz, con un gasto mensual superior a los 200 millones de pesos que incluye ocho escoltas y tres vehículos blindados. Esta medida fue detallada en la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, emitida como respuesta a un derecho de petición interpuesto por W Radio, y responde a los riesgos identificados por su exposición pública, el retorno al país tras cumplir condena en Estados Unidos, los procesos de concertación territorial y los encuentros con víctimas. Mancuso, quien reside en Bogotá, es el único de los dieciséis gestores de paz que cuenta con este nivel de protección y el único exintegrante de un grupo armado ilegal bajo esta figura.
El esquema de seguridad asignado a Mancuso comprende no solo los ocho escoltas, cuya nómina mensual asciende a cerca de 94 millones de pesos —aproximadamente 11.700.000 pesos por escolta, incluyendo armamento, chaleco antibalas y todas las prestaciones—, sino también viáticos de 180.000 pesos diarios por persona durante quince días al mes. Además, incorpora tres vehículos blindados modificados con internet satelital Starlink y refuerzos en amortiguadores y suspensión, un vehículo convencional y un chaleco de protección personal para el beneficiario.
Mancuso no puede transitar por al menos 8 departamentos
Salvatore Mancuso regresó a Colombia después de cumplir su condena en Estados Unidos y fue aceptado como gestor de paz tras más de un año de trámites. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ratificó restricciones a su ingreso en nueve departamentos —Córdoba, Bolívar, Sucre, Atlántico, César, Magdalena, La Guajira, Norte de Santander y Antioquia— además de municipios específicos en Antioquia como Apartadó, Arboletes, Ituango, Necoclí y San Pedro de Urabá, por lo que requiere autorización judicial para acceder a esas regiones. Recientemente, una solicitud suya para viajar a Montería, en Córdoba, por motivos de salud fue rechazada.
“un escolta vale aproximadamente $11.700.000 con armamento, chaleco y todas las prestaciones”
Giovanny Gallo, vocero de Analtraseg
Expertos han cuestionado el manejo de estos esquemas de protección. Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares, señaló que “el modelo de protección de la UNP ha terminado siendo altamente politizado; ahí terminan accediendo personas más públicas o más famosas o que la valoración de riesgo supone que, por ocasión de su fama o de sus actividades públicas, requieren medidas de seguridad”. Agregó: “Yo no niego que probablemente él tenga un riesgo frente a su vida en su retorno al país, pero da la sensación de que este ha sido un proceso mucho más político que un ejercicio serio, organizado y documentado para cerrar Justicia y Paz”.
Esta justificación de la UNP llega en un contexto de debate sobre la equidad en la asignación de recursos de protección a figuras controvertidas como Mancuso, cuya trayectoria paramilitar genera tensiones en regiones afectadas por el conflicto armado, mientras el país evalúa los avances en los procesos de paz total.
