La Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó retirar los esquemas de seguridad de la exviceministra de las Juventudes, Juliana Guerrero, y del creador de contenido e influencer Beto Coral. Los dos beneficiarios tienen un plazo de diez días hábiles para presentar los recursos de revisión y apelación ante la entidad, según la decisión administrativa conocida por SEMANA y publicada el viernes 28 de agosto. La medida se produce en medio de cuestionamientos sobre las protecciones otorgadas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, cuando Augusto Rodríguez dirigía la UNP, y por cambios en las circunstancias que originaron la asignación de los esquemas.
Juliana Guerrero enfrenta una imputación de la Fiscalía por la presunta presentación de títulos falsos en su hoja de vida para asumir como viceministra de las Juventudes, además de otras denuncias sobre supuestos beneficios económicos derivados de contratos en entidades estatales, aunque no existe una decisión judicial definitiva en su contra. Recientemente se divulgó un audio en el que solicita el fortalecimiento de su protección cuando ya no ocupaba un cargo público, lo que habría motivado la revisión de su caso. Por su parte, Beto Coral regresó a Colombia en julio de 2025 tras abandonar el asilo que tenía en Estados Unidos y ser deportado; su esquema de seguridad generó críticas del sindicato de la UNP por la celeridad con la que fue asignado y la falta de un estudio de riesgo previo conocido públicamente, además de sus posiciones públicas favorables al petrismo.
Contexto de la decisión de la UNP
La orden de retiro de los esquemas de seguridad ocurre mientras la UNP también modificó la protección de María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, luego de que la Fiscalía abriera una investigación por posible infiltración en el esquema de seguridad del exsenador. Tarazona agradeció públicamente al personal de la Policía y la UNP que la acompañó durante el último año, y señaló que los cambios responden a los hechos anunciados recientemente por la Fiscalía. En sus declaraciones, la viuda expresó su gratitud hacia los funcionarios que, con entrega y valentía, estuvieron a su lado, aunque advirtió que la decisión de modificar el esquema se tomó a sabiendas de que la inmensa mayoría de los funcionarios son hombres y mujeres excepcionales.
“El día de hoy, el esquema de seguridad de mi familia ha sido cambiado. Le doy las gracias a cada uno de los policías y miembros de la UNP que, con entrega y valentía, me acompañaron el último año. Los hechos que anunció recientemente la Fiscalía nos obligan a tomar estas medidas, aun sabiendo que la inmensa mayoría de los funcionarios son hombres y mujeres excepcionales”.
María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay
La UNP tiene la facultad de revisar los argumentos presentados por Guerrero y Coral durante el periodo de apelación, y puede decidir mantener, modificar o retirar definitivamente las medidas de protección. El caso de Tarazona, sin embargo, responde a una investigación por infiltración en el esquema de seguridad del exsenador, una circunstancia diferente a los motivos que llevaron a la revisión de los esquemas de Guerrero y Coral. La decisión de la UNP refleja un cambio en la política de protección de personas bajo amenaza, en un contexto de fuertes críticas y escrutinio público sobre la asignación de estos recursos estatales.
