La Unidad Nacional de Protección notificó el martes 27 de octubre de 2026 a Manuel Antonio Castañeda Bernal, conocido como alias “Narcochofer”, el retiro definitivo de su esquema de seguridad, que incluía escoltas, armas y vehículos blindados. La decisión, adoptada bajo la dirección de Didier Fabián Blanco, se produce a pesar de que Castañeda colabora actualmente con la Fiscalía en al menos cinco investigaciones como parte de un principio de oportunidad. Al expuesto colaborador se le otorgaron diez días para entregar los elementos de protección o presentar un recurso de apelación, según informaron fuentes oficiales.
El caso de Castañeda saltó a la opinión pública en diciembre de 2022, cuando fue capturado en el departamento del Cauca transportando cocaína en una camioneta que estaba vinculada a un dispositivo de protección de la propia UNP. Desde entonces, el ente acusador ha utilizado sus testimonios para impulsar pesquisas contra el dirigente sindical Wilson Devia y contra Luis Carlos Vélez Romero, alias El Mono, antiguo facilitador de paz, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Su cooperación también ha sido clave en la investigación de la fuga de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, ex cabecilla de La Cordillera, quien se escapó de la cárcel La Picota el 18 de marzo de 2022, presuntamente con ayuda de funcionarios penitenciarios, y murió aproximadamente dos meses después.
Una colaboración que genera controversia
La prórroga del principio de oportunidad fue autorizada por un juez de control de garantías en agosto de 2026, extendiendo por un año más el beneficio para que Castañeda continuara con su cooperación en las cinco líneas de investigación. Sin embargo, los abogados de las personas investigadas en los procesos donde participa han cuestionado las condiciones de este acuerdo. Holman Devia, representante del señor Omar Hernández, fue particularmente enfático al preguntar: “¿A Manuel Castañeda le otorgaron un principio de oportunidad o una licencia para delinquir?”. En declaraciones recogidas por Blu Radio, el jurista también señaló que “una cosa es colaborar con la justicia y otra muy distinta es mantener contactos cuya finalidad y legalidad no han sido suficientemente esclarecidas”, y añadió: “¿Por qué después de conocerse estos hechos se prorrogó su principio de oportunidad?”.
La defensa de Castañeda, por su parte, ha mencionado la existencia de grabaciones de una reunión celebrada el 18 de julio de 2025 en la Dirección Nacional de Inteligencia, en la que el colaborador habría hablado sobre alias Falcón, alias Fortuna, bienes de la Sociedad de Activos Especiales y posibles acuerdos con funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro. Estos elementos, según sus abogados, demuestran que la cooperación sigue activa y que el retiro del esquema pone en riesgo tanto su vida como la continuidad de sus declaraciones.
¿A quién corresponde proteger al colaborador?
La decisión de la UNP se fundamenta en una actualización de los estudios de riesgo y en la necesidad de evitar el uso de recursos estatales en personas que, según la entidad, ya no enfrentarían la misma amenaza. No obstante, fuentes bajo reserva señalaron que, por su condición de colaborador, la protección de Castañeda debería corresponder a la Fiscalía como sujeto procesal, y no a la UNP, lo que abre un interrogante sobre la coordinación entre las instituciones. Este desmonte se enmarca en una revisión ordenada por el nuevo director Didier Fabián Blanco, quien ya ha retirado la seguridad a varias figuras públicas, y las apelaciones recientes contra medidas similares han tenido resultados negativos, según la información disponible.
Mientras tanto, alias Narcochofer enfrenta un panorama incierto: su colaboración sigue siendo vital para la Fiscalía, pero su protección armada depende ahora de un recurso de apelación que, a juzgar por los precedentes, podría no prosperar. Lo que parece claro es que el caso ha puesto de nuevo en el centro del debate el delicado equilibrio entre garantizar la seguridad de quienes entregan información sensible y evitar que el sistema sea utilizado como una herramienta de impunidad.
