La Unidad de Regulación Financiera (URF), bajo la dirección encargada de Larisa Caruso, presentó escenarios regulatorios para los fondos privados de pensiones en el marco de un proyecto de decreto impulsado por el Gobierno Petro que busca repatriar más de 100 billones de pesos en inversiones del extranjero hacia proyectos nacionales en Colombia. Esta iniciativa involucra al Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera de Colombia y las administradoras de fondos de pensiones (AFP), con el objetivo de coordinar inversiones nacionales mediante un banco de proyectos, sin imponer obligaciones directas.
Los escenarios propuestos por la URF establecen un ajuste gradual de los portafolios de inversión a través de nuevos flujos de cotización, vencimientos naturales e instrumentos locales disponibles, incluyendo una cláusula de escape en caso de que no exista oferta adecuada. Esta aproximación responde a las necesidades identificadas en mesas técnicas conjuntas entre el Ministerio de Hacienda, la URF y el sector financiero, que detectaron problemas como la fragmentación de iniciativas, asimetrías de información y altos costos de estructuración que impiden que proyectos públicos y privados cumplan con los estándares exigidos por los fondos de pensiones.
El banco de proyectos como herramienta clave
El banco de proyectos se concibe como un mecanismo habilitante para coordinar esfuerzos entre entidades públicas, el sector privado y los gestores de recursos, sin implicar una asignación directa de inversiones. La regulación mantiene los principios fundamentales de seguridad, rentabilidad y liquidez en la administración del ahorro pensional, bajo la supervisión vigente de la Superintendencia Financiera, preservando la autonomía de las AFP como gestores fiduciarios y garantizando una rentabilidad mínima determinada por sus decisiones según los mercados, riesgos y alternativas disponibles. No se establecen criterios específicos para la maduración de inversiones, dejando esa evaluación en manos de las AFP, y el proyecto de decreto no obliga a destinar recursos a proyectos no listos o que no cumplan con criterios prudenciales.
“El banco de proyectos se concibe como una herramienta habilitante, orientada a coordinar esfuerzos entre entidades públicas, sector privado y gestores de recursos, y no como un esquema de asignación directa de inversiones”.
Larisa Caruso, directora (e) de la URF
“La fragmentación de iniciativas, las asimetrías de información y los costos de estructuración, que dificultan que proyectos públicos y privados cumplan con los estándares requeridos por el régimen de inversión de los fondos de pensiones”.
Larisa Caruso, directora (e) de la URF
El diseño de estos escenarios regulatorios incorpora insumos técnicos de las mesas de trabajo y busca reducir fricciones operativas mientras mejora la calidad de los proyectos disponibles, siempre respetando los principios rectores del sistema pensional. De esta forma, se fortalece el esquema nacional de pensiones sin comprometer la integridad de los ahorros de los afiliados, según fuentes como Valora Analitik, la URF, el Ministerio de Hacienda y Colprensa.
“El diseño responde a insumos técnicos recogidos en las mesas y busca reducir fricciones operativas y mejorar la calidad de los proyectos disponibles, siempre bajo los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez que rigen la administración del ahorro pensional. En ningún caso se obliga a realizar inversiones que no cumplan con dichos criterios, ni se establece un mandato de inversión en activos específicos. El proyecto de decreto no obliga a destinar los recursos a proyectos que no estén listos ni que no cumplan con los criterios prudenciales”.
Larisa Caruso, directora (e) de la URF
