La Unidad Nacional de Protección (UNP) declaró una urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio de escoltas en Bogotá, Cauca y Amazonas, luego de que una protesta sindical bloqueara su sede principal en la capital del país entre el 20 y el 23 de julio de 2026. La medida, adoptada mediante un mecanismo excepcional previsto en la Ley 80 de 1993, busca evitar la interrupción de las medidas de seguridad para personas protegidas, luego de que aproximadamente 250 manifestantes, entre escoltas y conductores afiliados a sindicatos e integrantes de Uniones Temporales, instalaran campamentos y bloquearan el acceso al edificio durante cuatro días.
El bloqueo, anunciado originalmente hasta el 7 de agosto pero que concluyó antes de lo previsto, fue motivado por el presunto incumplimiento de acuerdos laborales, demandas de pago de horas extras, mejores condiciones laborales y la formalización de contratos. Los manifestantes también exigieron la vinculación de 6.000 escoltas, la provisión de equipos como armas y dotaciones, mayor transparencia en los procesos de contratación y la cobertura de vacantes existentes. Además, presentaron de manera masiva acciones de tutela, lo que, según la UNP, afectó el desarrollo normal del proceso contractual para la prestación del servicio de escoltas en la Zona 2.
Urgencia manifiesta para proteger un servicio esencial
En un comunicado oficial, la UNP explicó que las acciones promovidas por algunos líderes sindicales —entre ellas los bloqueos y encadenamientos físicos a las puertas de la sede principal— generaron “un riesgo real de interrupción de las medidas de protección”. La entidad afirmó que la urgencia manifiesta no reemplaza de manera permanente la convocatoria pública ni responde a una decisión discrecional, sino que se trata de un mecanismo excepcional para atender situaciones urgentes en las que no es posible acudir oportunamente a los procedimientos ordinarios de contratación y resulta indispensable impedir la suspensión de un servicio esencial.
“La protección de la vida no se detiene. Los bloqueos y acciones judiciales pusieron en riesgo la continuidad del servicio. Por eso, la UNP acudió a la urgencia manifiesta, un mecanismo legal para garantizar la protección en Bogotá, Cauca y Amazonas”, señaló la entidad a través de su cuenta en la red social X. En otro apartado del comunicado, la UNP fue enfática: “La protección de la vida no admite interrupciones. Cuando la continuidad del servicio está en riesgo, la inacción no es una opción. La ley obliga al Estado a actuar y la Unidad Nacional de Protección cumplirá ese deber”.
«Las acciones promovidas por algunos líderes sindicales —entre ellas bloqueos y encadenamientos físicos a las puertas de la sede principal de la Unidad Nacional de Protección en Bogotá, así como la cuestionable presentación masiva de acciones de tutela— afectaron el desarrollo normal del proceso contractual para la prestación del servicio de escoltas en la Zona 2 y generaron un riesgo real de interrupción de las medidas de protección.»
Comunicado de la Unidad Nacional de Protección
Los sindicatos, por su parte, denunciaban desde antes condiciones precarias en el suministro de armas y dotaciones, así como la reducción de requisitos para nuevos ingresos, aspectos que consideraban una amenaza para la calidad del servicio. Durante la protesta, la UNP sostuvo diálogos con el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, aunque sin acuerdos inmediatos. Finalmente, el bloqueo concluyó antes del 7 de agosto, fecha anunciada inicialmente, permitiendo la reapertura del acceso y la reanudación de las operaciones habituales. La urgencia manifiesta, mientras tanto, permite a la entidad contratar escoltas de manera excepcional para cubrir las vacantes en las zonas afectadas y garantizar la protección de quienes están bajo su esquema de seguridad.
