El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez lanzó una feroz crítica contra el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc, desatando un nuevo y agrio debate a diez años de su firma. La arremetida se produjo como respuesta a las declaraciones del propio Santos durante la Audiencia Defensorial «La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional», organizada por la Defensoría del Pueblo el 11 de noviembre para evaluar la implementación del tratado.
En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Uribe afirmó que el proceso de paz fortaleció a los grupos armados y creó una burocracia «costosa e innecesaria». Para sustentar su postura, el exmandatario aseguró que las estructuras criminales se multiplicaron por cuatro y la producción de cocaína se multiplicó por quince tras el acuerdo, citando implícitamente un contexto de inseguridad que cifras de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) avalan al reportar para diciembre de 2025 la existencia de aproximadamente 27.000 integrantes de estas organizaciones en el país. Según Uribe, el modelo de desmovilización anterior era más efectivo para desarticular a los delincuentes.
Frente a estas acusaciones, Juan Manuel Santos defendió la validez del acuerdo y contraatacó señalando que el verdadero problema ha sido la falta de voluntad para cumplirlo. «Se ha querido atribuir cínicamente el deterioro de la seguridad a la firma del acuerdo. No pueden estar más equivocados. Ese deterioro es consecuencia de no haber implementado el acuerdo plenamente, como lo ha dicho en repetidas ocasiones el propio Consejo de Seguridad de la ONU, y de no haber tenido una política efectiva de seguridad», afirmó el Nobel de Paz durante su intervención en la audiencia.
Santos añadió que la recuperación del control territorial no puede basarse únicamente en la fuerza. «Eso no se hace solo con mano dura, bombardeando, sino con inteligencia, inversión social y fortaleciendo la confianza de las comunidades. En otras palabras, cumpliéndoles lo pactado en el acuerdo. El Gobierno debe implementar el acuerdo no solo porque le conviene, sino también porque es su obligación y porque es la palabra empeñada del Estado», enfatizó.
«Proceso Santos-Farc: Sucedía mejor la desmovilización anterior para desarticular a los bandidos, el proceso los fortaleció, se multiplicaron por 4. La cocaína se multiplicó por 15. Se creó una burocracia innecesaria y costosísima. La entrega a la FARC no se necesitaba para hacer política de tierras, tampoco para atender a los municipios más pobres. Pero siguen con el discurso engañoso».
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia
La controversia también se trasladó al Capitolio Nacional, donde el congresista Daniel Briceño se sumó a la crítica contra el exmandatario Santos. Briceño cuestionó duramente tres puntos clave del acuerdo: la asignación de curules en el Congreso a excombatientes de las Farc, la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el faltante en la entrega de bienes por parte de la antigua guerrilla.
«Prometió que no habría curules gratis para las FARC y ahí estuvieron asesinos, secuestradores, proxenetas y narcos con curules GRATIS sin votos en el Congreso burlándose de las víctimas. Prometió que no habría impunidad para los delincuentes de las FARC y ahí está la JEP dando ‘condenas’ de trabajo social y sanciones estúpidas. Prometió que las FARC entregarían los bienes y ahí está el informe de la Contraloría que dice que las FARC no entregaron lo que prometieron y que se burlaron del país. El cinismo de Santos no tiene ningún límite».
Daniel Briceño, congresista
El cruce de declaraciones evidencia la profunda división que persiste en el país en torno al legado del Acuerdo de Paz. Mientras el expresidente Santos insiste en que la solución a la crisis de violencia actual pasa por profundizar la implementación de lo pactado, el expresidente Uribe y sus copartidarios redoblan su apuesta por descalificar un proceso que consideran un fracaso. A diez años de la firma, el debate entre la «paz total» y el «discurso engañoso» sigue polarizando a la opinión pública colombiana.
