Desde La Veintitrés Manizales informamos que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez ha propuesto en el Congreso una iniciativa destinada a otorgar a los militares involucrados en la retoma del Palacio de Justicia todos los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria, abarcando incluso a quienes ya han fallecido, una propuesta que difundió a través de su cuenta en la red social X. El anuncio se inscribe en un momento de intenso debate sobre la verdad histórica y el papel de las Fuerzas Armadas en un hecho que marcó a la historia de Colombia y cuyo operativo tuvo lugar en noviembre de 1985.
La propuesta llega en un marco de voces que piden claridad sobre las investigaciones de aquel episodio. En paralelo, Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, comentó que las declaraciones y las investigaciones relativas al cartel de Medellín han sido objeto de escrutinio público y, en un evento en la Universidad Externado de Colombia, enfatizó que jamás se adelantó investigación alguna contra ese cartel por las amenazas contra magistrados y por la presunta financiación de la toma del Palacio de Justicia. Uribe, por su parte, difundió que la iniciativa busca proteger el honor militar sin descuidar a las víctimas, y añadió que “debe buscarse un texto que no afecte el honor militar. Deploro que sea tarde, pero es de justicia” y que “para no afectar las víctimas, la responsabilidad del Estado se mantendrá sin extenderla al militar.”
La propuesta de Uribe y el debate sobre la verdad histórica
El contexto histórico que rodea la discusión recuerda que las investigaciones sobre la toma del Palacio de Justicia quedaron inconclusas y que Ibáñez ha señalado la ausencia de avances claros respecto a posibles vínculos del cartel de Medellín con el hecho. En este marco, la iniciativa de Uribe propone otorgar a los militares involucrados en la retoma del Palacio de Justicia “todos los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria”, incluso para quienes ya han fallecido, con la pretensión de preservar el honor de las Fuerzas Armadas sin eximir al Estado de sus responsabilidades. La noticia, que se divulgó inicialmente en la cuenta de X de Uribe, refleja un pulso entre memoria histórica, responsabilidad estatal y el eventual cierre judicial de un capítulo que sigue generando controversia.
«Jamás se adelantó, prosiguió o culminó investigación alguna contra los miembros del cartel de Medellín por las amenazas contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y por la presunta participación en la autoría intelectual y/o financiación de la toma del Palacio de Justicia» – Jorge Enrique Ibáñez, Presidente de la Corte Constitucional
En la mirada de Uribe, la propuesta también ha dejado claro que “debe buscarse un texto que no afecte el honor militar” y que, para no afectar a las víctimas, “la responsabilidad del Estado se mantendrá sin extenderla al militar”; mientras que Belisario Betancur, expresidente citado en el marco de esta conversación histórica, recordó que al asumir el poder en 1982 la política de paz necesitó un cambio de metodología, optando por devolverle la palabra al proceso, primero con la acción militar y luego con el diálogo, o incluso con diálogo desde la entrada.
