El expresidente de Colombia y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quien también ejerce como senador, rectificó este 7 de mayo de 2026 en su cuenta de X las acusaciones que lanzó el 6 de abril de 2017 contra el periodista y columnista Daniel Coronell Castañeda, descartando cualquier vínculo de este último con el narcotráfico y afirmando que no debe someterse a la Justicia Especial para la Paz (JEP). Esta rectificación responde a una orden emitida por el Tribunal Superior de Bogotá el 5 de marzo de 2018, que buscaba proteger el buen nombre y la honra de Coronell, con un plazo de 48 horas para su cumplimiento, y se materializó mediante una publicación en redes sociales ante los millones de seguidores que Uribe acumula en estas plataformas.
El fallo judicial de 2018 surgió después de que Uribe vinculara sin pruebas a Coronell con actividades de narcotráfico, lo que generó un impacto significativo en la percepción pública dada la influencia digital del exmandatario. La rectificación ignora argumentos previos de Uribe sobre la naturaleza personal de sus declaraciones, ya que los magistrados han enfatizado que las palabras de un senador trascienden el ámbito privado y se propagan rápidamente, afectando la seguridad de los periodistas.
Presión de organizaciones defensoras de la prensa
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) exigió el cumplimiento inmediato del fallo judicial y recordó otras acusaciones similares lanzadas por Uribe contra periodistas como Gonzalo Guillén, Hollman Morris, Yohir Akerman, Daniel Samper Ospina, Julián Martínez y el medio Noticias Uno, subrayando el patrón de señalamientos que ponen en riesgo la integridad de la profesión periodística en Colombia.
“Señor Fiscal y Señor Juez: A través de la siguiente publicación me permito rectificar la afirmación del tweet del 6 de abril de 2017, en el sentido de que Daniel Coronell Castañeda no es narcotraficante y, por ende, no debe someterse a la JEP”
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia
Este episodio resalta las tensiones entre figuras políticas de alto perfil y la prensa independiente, especialmente en un contexto donde las declaraciones en redes sociales amplifican su alcance y pueden comprometer la seguridad de los comunicadores, reafirmando la importancia de las órdenes judiciales para salvaguardar el ejercicio libre del periodismo en el país.
