El expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó una carta ante el Tribunal Superior de Bogotá en la que renuncia explícitamente a la prescripción de la acción penal en su contra. Esta decisión es fundamental para garantizar que el proceso judicial avance sin verse archivado automáticamente por el paso del tiempo.
En su misiva, Uribe afirmó:
“La prescripción de la acción penal, que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme, no puede privarle la oportunidad a la Sala de tener las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo que, independientemente de su sentido, sea el resultado de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba”.
La misiva solicita que los magistrados adopten una decisión de fondo basada únicamente en lo probado en juicio, rechazando cualquier resolución que favorezca al expresidente por vencimiento de los tiempos legales.
Antecedentes y contexto
El caso se originó en una investigación por interceptaciones ilegales (“chuzadas”) a negociadores de paz en La Habana, presuntamente agrupadas bajo una campaña política del 2014.
Este proceso ha enfrentado obstáculos legales importantes, incluida una solicitud de preclusión por parte de la Fiscalía que Uribe también rechazó.
Gracias a esta renuncia, el caso no correrá el riesgo de archivarse automáticamente, dejando la vía libre para que se continúe con un análisis judicial profundo.
En julio de 2025, Uribe fue condenado en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, recibiendo una pena de 12 años y arresto domiciliario, además de multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, esa condena fue suspendida y Uribe fue puesto en libertad tras un fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que argumentó que su detención había vulnerado garantías como la presunción de inocencia.
El proceso se perfila ahora hacia una resolución en segunda instancia, que deberá emitirse antes del 16 de octubre de 2025, según los plazos vigentes.
