Desde Miami, este despacho de La Veintitrés Manizales reporta un hecho de fuerte lectura política para la región: el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, pidió a Estados Unidos declarar al M-19 como una organización narcoterrorista activa. La petición se presentó tras un acto con exiliados celebrado el 5 de noviembre de 2025, y la carta dirigida al secretario de Estado Marco Rubio fue entregada para su eventual traslado a las autoridades estadounidenses, acompañada de documentos y análisis jurídicos destinados a sustentar la petición.
Uscátegui explicó que la iniciativa pretende que Washington reconozca al M-19 como una estructura criminal operativa que continúa delinquiendo, y anunció que la carta será analizada por las oficinas correspondientes en Estados Unidos. El acto en Miami, según el parlamentario, buscaba respaldar la argumentación con material jurídico y testimonios que refuercen la lectura de que el grupo mantiene una vía de acción violenta incluso en la actualidad.
La jugada se inscribe en un marco de cuestionamiento sobre la influencia del M-19 en el control político reciente y la percepción de que el grupo mantiene vínculos con actividades ilícitas. Afirma Uscátegui que la organización representa una amenaza vigente para la seguridad y la democracia en Colombia, y advierte que exmiembros de esa guerrilla ocupan cargos en el Ejecutivo y mantienen vínculos con el narcotráfico, el contrabando y la corrupción administrativa.
“El M-19 es una estructura criminal que sigue delinquiendo”, afirmó Uscátegui, y añadió: “Hemos hecho el llamado puntual y claro para que el M-19 sea reconocido por el gobierno norteamericano como una organización narcoterrorista activa, vigente”, declaró el congresista de oposición. También sostuvo que “los funcionarios más cuestionados del Gobierno Petro son todos integrantes del M-19. La infiltración de esa estructura en el Estado colombiano amenaza la independencia judicial y la democracia”, advirtió. En otro tramo de sus señalamientos, remató: “Yo les pido a quienes están presentes y a quienes nos siguen en las redes sociales, por favor, al menos un hashtag, para que estos señores, estos criminales y terroristas, recuerden que cuarenta años después no le han pedido perdón al pueblo colombiano ni se ha hecho justicia”.
«El M-19 es una estructura criminal que sigue delinquiendo» – José Jaime Uscátegui, Representante a la Cámara por el Centro Democrático
Como contexto, este tema se enlaza con una mirada histórica sobre el peso del M-19 en la vida política del país. Entre los antecedentes relevantes se recuerda que Gustavo Petro participó en la guerrilla M-19 y se desmovilizó en 1990. En esa línea, la carta que se entregará a las autoridades estadounidenses estará acompañada de documentos y análisis jurídicos orientados a fundamentar la petición y a cuestionar la influencia del grupo en el gobierno actual.
En el plano de cifras históricas, la conversación no olvida la toma del Palacio de Justicia de 1985, un episodio que dejó más de 100 fallecidos y al menos 11 desaparecidos; el hecho ocurrió el 6 de noviembre de 1985, y el Ejército salvó 206 vidas, según el coronel retirado Alfonso Plazas Vega. Cuatro décadas después de aquella toma, estas cifras y testimonios siguen alimentando la lectura de un legado violento que, para algunos, continúa vigente en distintos frentes de la vida nacional.
En la vertiente informativa, se señala que un grupo de exiliados asistió al acto en Miami y que existen presuntos vínculos de exmiembros del M-19 con narcotráfico, contrabando y corrupción administrativa. Se subraya la posibilidad de que la petición destinada a Estados Unidos busque presionar al gobierno estadounidense para reconocer formalmente al M-19 como una organización narcoterrorista, un movimiento que añade una nueva dimensión a las discusiones sobre seguridad y relaciones internacionales que hoy ocupa a la opinión pública y a los analistas políticos de la región.
Este seguimiento periodístico de La Veintitrés Manizales analiza, además, el impacto político y social que podría derivarse de una decisión de Washington en un contexto en el que se cuestiona la influencia de antiguos actores armados en la vida pública del país, y cómo esa decisión podría resonar en la relación entre el gobierno colombiano y EE. UU. En medio de la conversación, la noticia se mantiene como un testimonio de la compleja memoria histórica que convive con las dinámicas actuales de poder y seguridad.
