El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del partido Centro Democrático, solicitó formalmente al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, la revocatoria del Decreto 0018 de 2024, firmado durante la administración de Gustavo Petro, y exigió la restitución de las cuatro condecoraciones militares que le fueron retiradas al general en retiro del Ejército Jesús Armando Arias Cabrales. En un mensaje público dirigido al jefe de Estado, el congresista argumentó que la medida se adoptó sin garantizar el debido proceso y la calificó como un acto de «revanchismo político» contra el oficial que comandó la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, en contraste con la libertad que gozan hoy antiguos integrantes del grupo guerrillero M-19, entre ellos el expresidente Petro.
Uscátegui, hijo del general (r) Jaime Humberto Uscátegui, sostuvo que Arias Cabrales «siempre ha dado la cara ante la justicia» y que la decisión de retirarle las distinciones se tomó por fuera de un procedimiento administrativo que permitiera el derecho de contradicción. El general cumple actualmente una condena de 35 años de prisión y está próximo a cumplir dos décadas privado de la libertad, recluido en un apartamento fiscal adaptado como pabellón único en el Batallón de Artillería No. 13, al norte de Bogotá.
Los detalles del decreto y la controversia
El Decreto 0018 de 2024, firmado por el entonces presidente Gustavo Petro y el entonces ministro de Defensa Iván Velásquez, retiró las condecoraciones a Arias Cabrales con fundamento en el Decreto 1070 de 2015, que establece la pérdida del derecho a portar distinciones por condenas por delitos dolosos. La ejecución de la decisión estuvo a cargo del ministro de Defensa ad hoc, Néstor Iván Osuna, luego de que se aceptara el impedimento de Velásquez. El congresista Uscátegui pidió a la Presidencia evaluar la revocatoria «conforme a derecho», al considerar que el procedimiento no garantizó el debido proceso ni el derecho de contradicción del general.
Arias Cabrales, quien comandó la retoma del Palacio de Justicia durante los sangrientos días 6 y 7 de noviembre de 1985, insiste en su inocencia y afirma que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no le ofreció la oportunidad de presentar pruebas que respaldaran su actuación en aquellos hechos. La controversia se intensifica por el hecho que señaló Uscátegui: «Mientras antiguos integrantes del grupo terrorista M-19 hoy gozan de libertad y participan en la vida pública, al general que comandó la retoma del Palacio de Justicia lo mantienen privado de la libertad».
«Mientras antiguos integrantes del grupo terrorista M-19 hoy gozan de libertad y participan en la vida pública, al general que comandó la retoma del Palacio de Justicia lo mantienen privado de la libertad»
José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara
La solicitud del representante Uscátegui se suma a una serie de críticas de sectores políticos y militares que consideran que el Gobierno de Gustavo Petro ha aplicado medidas punitivas selectivas contra oficiales vinculados al conflicto armado, mientras que exintegrantes de grupos insurgentes como el M-19 han sido incorporados a la vida pública sin enfrentar procesos similares. La decisión sobre la revocatoria del decreto queda ahora en manos de la Presidencia de la República, que deberá definir si restituye al general Arias Cabrales el derecho a portar las condecoraciones o mantiene la sanción impuesta por la administración anterior.









