En un nuevo capítulo de la tensión laboral que sacude al sector hidrocarburos, la Unión Sindical Obrera (USO) anunció en la madrugada del martes 2 de junio de 2026 un paro de 24 horas en las operaciones de Ecopetrol. La medida, que se desarrollaría entre el 1 y 2 de junio, según confirmó el sindicato, surge ante la “falta de voluntad política en la mesa de negociación de la Convención Colectiva de Trabajo”, un proceso que ha estado marcado por la ausencia de avances concretos. El cese de actividades se concentrará especialmente en el Campo Rubiales, en Puerto Gaitán (Meta), aunque se extenderá de forma generalizada a las operaciones de la petrolera estatal, con movilizaciones programadas para visibilizar el descontento.
Señalamientos directos a la vicepresidencia corporativa
La USO puso el foco de la responsabilidad directamente sobre Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros, Vicepresidenta Corporativa de Talento Organizacional de Ecopetrol, a quien acusan de una “respuesta nula, negligente y dilatoria” en la mesa de diálogo. Según el comunicado difundido por el gremio en redes sociales, Sepúlveda Ballesteros, señalada como una funcionaria cercana al gerente Ricardo Roa, tiene en sus manos “la responsabilidad de definir el futuro laboral de la compañía”. El sindicato fue contundente al afirmar que ella “debe asumir públicamente las consecuencias de sus decisiones: o respalda los derechos de los trabajadores o se consolida formalmente en contra de ellos”. Esta declaración refleja la creciente tensión entre la dirigencia sindical y la cúpula de la empresa.
“Ante la falta de voluntad política en la mesa de negociación de la Convención Colectiva de Trabajo”
Unión Sindical Obrera (USO) – Comunicado oficial
El pliego de peticiones que la USO busca defender no se limita a reivindicaciones salariales. De acuerdo con el sindicato, la negociación busca “el mejoramiento de los salarios y el fortalecimiento real de los derechos laborales tanto de los trabajadores directos como de las firmas contratistas”. En un contexto más amplio, la organización sindical también persigue la protección de la industria petrolera nacional, la soberanía energética del país y una transición energética que definen como “justa, social y sostenible”. Se trata de una agenda integral que, según la USO, no encuentra eco en la contraparte.
Las cifras que maneja el sindicato para dimensionar el conflicto son reveladoras. La USO advierte que alrededor de 60.000 trabajadores del sector de hidrocarburos y gas ven en riesgo su estabilidad laboral, una situación que afectaría de forma crítica a ocho departamentos petroleros del país. El gremio también estima que aproximadamente tres millones y medio de habitantes dependen directa o indirectamente de la actividad del sector, lo que convierte a esta movilización en un asunto de equilibrio económico-social para las regiones productoras. Con la medida de fuerza ya en marcha, los ojos están puestos en la respuesta que desde la Vicepresidencia Corporativa de Talento Organizacional se pueda dar para destrabar un diálogo que, por ahora, parece estancado.
