El presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo, afirmó que la decisión sobre la continuidad de Ricardo Roa Barragán al frente de Ecopetrol recae exclusivamente en la junta directiva de la empresa, ante dos solicitudes de imputación de cargos presentadas por la Fiscalía General de la Nación. Estas imputaciones giran en torno a irregularidades en el financiamiento electoral durante su rol como gerente de campaña del presidente Gustavo Petro, así como posibles casos de tráfico de influencias relacionados con la compra de un apartamento de alto valor en Bogotá a través de Princeton International Holding y un contrato cercano con una filial de Ecopetrol. Hasta el cierre del día, la junta directiva no ha emitido resolución alguna, mientras Roa continúa en sus funciones.
La Fiscalía basa sus solicitudes en conclusiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), que impuso a Roa una multa superior a los seis mil millones de pesos por exceso de fondos en la campaña de Petro, omisión de reportes y aportes sindicales no declarados, además de presunta intervención en contratos. El caso del apartamento y el vínculo contractual han generado cuestionamientos sobre posibles influencias indebidas, aunque la USO enfatiza el respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso de Roa, ciudadano colombiano con derechos constitucionales protegidos.
Postura sindical y exigencias de transparencia
Desde la USO, que no ha recibido comunicación oficial de las imputaciones y solo se enteró por medios de comunicación, se insiste en que cualquier amenaza material a la estabilidad institucional de Ecopetrol provocará rechazo y movilización sindical. Roa, por su parte, ha rechazado las acusaciones, asegurando que la compra del apartamento se realizó con fondos propios y que su defensa no ha recibido notificación formal. La junta directiva, máximo órgano directivo según los estatutos de gobierno corporativo, guarda silencio oficial hasta el momento.
“Frente al futuro del presidente Ricardo Roa en la compañía, es una decisión que debe tomar la Junta Directiva de la empresa, que es el máximo órgano directivo de nuestra compañía”
Martín Ravelo, presidente de la USO
“Ricardo Roa, ciudadano colombiano, tiene unos derechos constitucionales, la presunción de inocencia, el debido proceso, y el presidente de Ecopetrol tiene la obligación, como lo definen los estatutos del gobierno corporativo de la empresa, de resolver el tema con la junta directiva de Ecopetrol”
Martín Ravelo, presidente de la USO
“Todo lo que coloque en amenaza esa situación de manera material, pues obviamente recibirá el rechazo y la movilización del sindicato”
Martín Ravelo, presidente de la USO
La situación genera incertidumbre sobre la estabilidad institucional y las perspectivas financieras de Ecopetrol, con posibles impactos en su cotización en la Bolsa de Valores de Colombia y Nueva York, en un contexto donde el sindicato exige el pleno respeto al debido proceso mientras se espera una definición de la junta directiva.
