Los usuarios de energía en Colombia han pagado $24,9 billones entre 2022 y 2025 como consecuencia de las restricciones del sistema eléctrico, originadas por atrasos en obras de transmisión. Así lo revela el informe “Análisis de la expansión de la transmisión en Colombia 2026”, publicado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), que evaluó el periodo 2008-2025. El costo acumulado total en estas restricciones asciende a $58,9 billones, con un incremento alarmante: solo en 2024 la cifra llegó a $8,34 billones, 7,2 veces lo registrado en 2008, mientras que en 2025 alcanzó los $5,36 billones, 4,7 veces el valor de hace diecisiete años.
El informe, que analiza el estado de los proyectos de transmisión nacional y regional, así como las restricciones reportadas por el operador del sistema XM, señala que los retrasos obedecen a problemas logísticos, técnicos, de licencias ambientales y obstáculos prediales. De las 390 restricciones identificadas en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), el 48,5 %, es decir, 189, no cuentan con un proyecto de expansión asociado, lo que agrava la situación. Además, el 94,9 % de las restricciones no tienen una obra en ejecución que cumpla con el cronograma establecido.
La correlación entre los proyectos vencidos y el costo de las restricciones alcanzó un coeficiente de +0,87, lo que evidencia una relación directa entre la falta de avance en infraestructura y el encarecimiento del servicio para los usuarios. En 2008 no había proyectos vencidos, pero para 2025 ya sumaban 30. La demanda comercial nacional creció un 55,4 % entre 2008 y 2025, mientras que la generación de seguridad fuera de mérito por causas de transmisión promedió el 71,4 % del total en el mismo lapso, oscilando entre el 54,3 % y el 89,2 %.
La región Caribe concentra el mayor número de restricciones
El informe destaca que la región Caribe concentra el 39 % de las restricciones del sistema, y de ellas 73 no tienen ningún proyecto de expansión que las solucione. La Superservicios advierte que la demora en las obras afecta la conexión de nuevos proyectos de generación al SIN, lo que pone en riesgo la confiabilidad del suministro eléctrico en el mediano plazo. Ante este panorama, la entidad emitió ocho recomendaciones, entre ellas fortalecer la coordinación entre la UPME, los operadores y XM; adelantar convocatorias para el Sistema de Transmisión Regional (STR) cuando no haya interés de los operadores; agilizar los trámites de licencias ambientales; y mejorar la articulación interinstitucional. También sugiere reforzar el seguimiento con alertas tempranas, priorizar las obras atrasadas en las regiones Caribe y Oriental, definir soluciones para las 189 restricciones sin proyecto, y evaluar los sobrecostos derivados de las modificaciones en las fechas de puesta en operación.
