La Fiscalía General de la Nación llevará a juicio por homicidio culposo a dos empleados del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá, Cundinamarca, por la muerte de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down que desapareció del plantel el 12 de agosto de 2025 y cuyo cuerpo fue hallado sin vida 18 días después, el 29 de agosto, en el río Frío, a 200 metros del colegio, en el sector La Fagua. Los acusados son la docente Emely Vivian Fuentes Hernández, quien tenía funciones de vigilancia y cuidado de los estudiantes, y Danny Javier Ochoa Prada, encargado del área de infraestructura de la institución. La audiencia de acusación fue programada para el próximo 10 de noviembre a las 8:00 de la mañana.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Valeria salió de su salón a las 9:54 de la mañana del día de su desaparición, antes del recreo previsto para las 10:05, sin supervisión adulta alguna. La menor se desplazó hacia una abertura en la malla perimetral del colegio, que presentaba deterioro previo y que Ochoa Prada, pese a conocer el problema, no reparó. La docente Fuentes Hernández, por su parte, no supervisó ni acompañó a la niña durante el traslado hacia el comedor, omisión que la Fiscalía considera especialmente grave por el conocimiento que la maestra tenía de la condición particular de la estudiante. El Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que la causa de la muerte fue ahogamiento.
Omisiones que hicieron previsible la tragedia
La Fiscalía sostiene que las omisiones de ambos empleados, en el ejercicio de las funciones que les fueron asignadas, hicieron objetivamente previsible y evitable la salida de la menor hacia el río donde perdió la vida. Según el ente acusador, la abertura en la malla perimetral era conocida por Ochoa Prada e incluso había sido utilizada antes por otros alumnos para salir momentáneamente del colegio o recuperar objetos. La docente, además de no acompañar a Valeria, debía extremar el cuidado por tratarse de una niña con síndrome de Down. Ambos procesados no aceptaron el delito imputado.
“Estas personas, en su condición de empleados de la institución educativa y en el ejercicio de las funciones asignadas, presuntamente omitieron el deber de cuidado de la niña dentro de las instalaciones del plantel”, señaló la Fiscalía General de la Nación en su escrito de acusación.
La familia de Valeria Afanador, representada por el abogado Julián Quintana, exige que también sean judicializadas otras personas que habrían tenido responsabilidad en los hechos, en particular la rectora del colegio, Sonia Inés Ochoa. “Vamos a insistir en que las demás personas que esta representación ha identificado como posibles responsables también comparezcan ante la justicia”, afirmó Quintana. Además, la Fiscalía ordenó compulsar copias para investigar posibles delitos ambientales, debido a que el plantel educativo está ubicado en la ronda del río Frío, lo que podría haber influido en las condiciones de seguridad del perímetro.
El cronograma de la mañana del 12 de agosto quedó registrado minuciosamente: Valeria salió del aula a las 9:54, antes del recreo previsto para las 10:05. A las 10:06 y 10:09 se registraron otros eventos que la investigación aún detalla. La menor fue vista por última vez dentro del colegio antes de atravesar la malla dañada y dirigirse al cauce del río. La comunidad educativa y los familiares de la niña esperan que el juicio, que comenzará con la audiencia del 10 de noviembre, permita esclarecer todas las responsabilidades y evitar que tragedias como esta se repitan.
