Las víctimas del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá contra el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o “El Costeño”, al considerar que la condena pactada de 26 años y tres meses de prisión no esclarece la identidad de los determinadores y financiadores del crimen y consolida una forma de impunidad. El abogado Víctor Mosquera, representante de las víctimas, radicó el recurso luego de que el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá aprobara el acuerdo el pasado 1 de julio de 2026, en el que se fijó una pena total de 315 meses de prisión.
De acuerdo con el recurso, la pena reducida vulnera los principios de legalidad y proporcionalidad, y el procesado no aportó una colaboración efectiva que justifique el beneficio punitivo. Mosquera sostiene que alias Chipi no es un actor secundario, sino la “pieza clave y central” en la ejecución del magnicidio, por lo que una rebaja sustancial de la pena resulta incompatible con la gravedad de los hechos. Durante el proceso, el acusado habría respondido con evasivas como “No sé”, “no conozco” o “no puedo confirmar” al ser interrogado sobre los verdaderos autores intelectuales del asesinato.
Cuestionamiento al monto de la condena y al uso de menores
La apelación detalla que la condena se estructuró con 290 meses por homicidio agravado bajo la figura de complicidad, más incrementos mínimos de seis meses por porte ilegal de armas agravado, seis meses por concierto para delinquir agravado, diez meses por uso de menores en la comisión de delitos y tres meses por ocultamiento de material probatorio. Mosquera cuestionó en particular el aumento de apenas diez meses por el delito de utilización de niños, niñas y adolescentes, pese a que la Ley 1098 de 2006 establece una pena de entre diez y veinte años de prisión para ese ilícito. El artículo 199 de esa misma norma prohíbe expresamente cualquier rebaja de pena por preacuerdos en delitos dolosos cometidos contra menores de edad, un aspecto que el recurso invoca como causal de nulidad.
La juez que avaló el preacuerdo defendió la decisión al afirmar que “se pactó (…) el monto de 315 meses de prisión y se tuvo en cuenta el aumento en razón del concurso (…) la misma constituye 26 años y 3 meses para el procesado, lo que a juicio de este juzgado no es una pena irrisoria ni simbólica. Se trata de una sanción grave que refleja la magnitud del crimen y que tiene un efecto ejemplarizante”. Sin embargo, el abogado de las víctimas replicó que “la justicia premial no fue concebida para sustituir la justicia, sino para facilitarla”, y advirtió que “la verdad incompleta también constituye una forma de impunidad”.
«La verdad incompleta también constituye una forma de impunidad»
Víctor Mosquera, abogado de las víctimas
La Fiscalía había presentado a alias Chipi como el coordinador de la operación criminal, encargado de reclutar a los participantes, asignar funciones, organizar la logística y articular la huida de los responsables. Otros coprocesados, en contraste, sí se comprometieron a servir como testigos de cargo, lo que, según Mosquera, evidencia que Arteaga Hernández optó por ocultar información clave. El recurso también señala que el propio acusado admitió haber dado la instrucción de conseguir a un menor de edad para ejecutar el ataque, lo que agrava su responsabilidad y hace más cuestionable la rebaja concedida.
Con esta apelación, las víctimas buscan que el Tribunal Superior de Bogotá revise el preacuerdo y ordene un nuevo proceso que garantice el esclarecimiento completo de los hechos y la identificación de todos los responsables del magnicidio que conmocionó al país en plena campaña presidencial. La decisión del tribunal será clave para definir si el caso de Miguel Uribe Turbay logra avanzar hacia una verdad integral o si, por el contrario, quedará marcado por lo que los familiares consideran una concesión excesiva al principal ejecutor material del crimen.
