Las víctimas del escándalo Ungrd exigen que los 9.714.300.723 pesos recuperados sean destinados de forma específica a la provisión de agua potable en La Guajira, con especial atención a la comunidad Wayúu, y que esos recursos no se integren en una bolsa general de la entidad, una reclamación que defiende la Red de Veedurías Ciudadanas, apoderada de las víctimas, y cuyo presidente es Pablo Bustos. El reclamo se canalizó mediante un derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación, y en la disputa judicial se ha indicado la retirada de la audiencia inicial por parte de la Ungrd. Además, se solicita que las actuaciones respeten radicados específicos y que se convoquen tres audiencias separadas por radicados para evitar dilaciones y garantizar la claridad de la pirámide de responsabilidades.
El marco de la petición se enmarca en el contexto del escándalo Ungrd, relacionado con la compra irregular de carrotanques y la posterior recuperación de fondos, cuyo foco de atención ha recaído en La Guajira debido a la crisis de abastecimiento de agua en esa región. En este plano, la audiencia se realiza en el Juzgado 63 Penal Municipal de Bogotá y, mientras que se avanzan las investigaciones, la agrupación de víctimas y sus apoyos han insistido en que no se permitan desvíos ni usos genéricos de los recursos recuperados. Entre los actores citados figuran varias figuras vinculadas con el proceso, así como autoridades históricas como Iván Name Vásquez, expresidente del Congreso, y Andrés David Calle Aguas, expresidente de la Cámara de Representantes, cuyas gestiones y responsabilidades continúan en revisión, así como César Manrique Soacha, señalado en segunda fase de la investigación.
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La medida central de la demanda gira en torno a que los fondos recuperados se destinen específicamente a la solución de la crisis de agua en La Guajira y no se incorporen a un fondo general. La petición señala que la administración de ese caudal debe ser coordinada con las víctimas directas y las comunidades afectadas, evitando dilaciones administrativas y asegurando que cada radicado se trate de forma independiente para no comprometer el derecho al agua y la reparación de las víctimas.
«Se adopten las medidas procesales y legales necesarias y suficientes, a que haya lugar, a efecto de que la totalidad de tales recursos se destinen y utilicen de manera específica en el aprovisionamiento de agua potable a las víctimas directas de La Guajira, y en particular de la comunidad wayuu. En consecuencia, que así se solicite y asegure dentro del resorte de sus competencias y facultades, en las distintas actuaciones que respecto de tales recursos se realicen» — Apoderado de los afectados
«Es para nosotros una extrañeza que una medida necesaria como esa de retraer los dineros depositados, que no están produciendo ningún beneficio, se haya frenado. Hemos solicitado que no vayan a una bolsa general, sino a una especial que cumpla el propósito inicial: conjurar el problema de falta de agua en La Guajira» — Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas
«programación que hace más complejos por su carácter individual o personal, por lo que esperar a que dentro de los mismos se disponga la entrega terminaría dilatando el uso y goce del derecho fundamental al agua, y a la no revictimización, así como a la reparación de las víctimas» — Abogado de las víctimas
Entre los datos numéricos clave, se recuerda que el monto recuperado en la primera fase asciende a 9.714.300.723 pesos. En cuanto a la distribución de los montos entre los procesados, se detallan 500.000.000 para Pedro Andrés Rodríguez Melo, 724.000.000 para Olmedo de Jesús López Martínez, 618.000.000 para Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, 7.722.300.300 para Luis Eduardo López Rosero y 150.000.000 para Luis Carlos Barreto Gantiva. A día de hoy existen 4.000.000.000 pendientes, que podría reintegrarse por dádivas; las investigaciones contra Iván Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas continúan en la Corte Suprema. En la segunda fase de la investigación, la cifra alcanza 13.164.285.901 pesos, lo que marca la continuidad del proceso y la expectativa de definiciones en etapas sucesivas.
Este marco de noticias sitúa a La Guajira como escenario clave para la resolución de una deuda social de gran magnitud, donde la comunidad Wayúu y las víctimas exigen claridad y trazabilidad en el uso de los fondos recuperados. La combinación de la presión comunitaria, la revisión judicial y la dinámica de las audiencias separadas por radicados señala un camino complejo hacia una posible reparación y mejora en el suministro de agua, además de un escrutinio estrecho de los exfuncionarios y liderazgos vinculados al caso, que seguirán bajo observación en esta etapa de las investigaciones
