Un grupo de veedores de servicios públicos en Cali, conocidos como Vocales de Control Social, dirigió una solicitud formal a la Procuraduría General de la Nación para que aclare el alcance del proceso disciplinario en curso relacionado con el contrato de modernización del alumbrado público de Emcali. Esta petición busca evitar posibles suspensiones en los procesos de contratación, mantenimiento y renovación, involucrando a figuras clave como Roger Mina, gerente general de Emcali, la propia empresa, la Alcaldía de Cali y la Procuraduría con sede en Bogotá. La comunicación pública enviada desde Cali resalta la necesidad de definir si la investigación implica detener o ajustar las labores en marcha.
La inquietud surge ante el temor de que el proceso disciplinario frene las labores iniciadas o impida la segunda fase del proyecto, lo que podría repercutir gravemente en el servicio de alumbrado público, con impactos en la seguridad urbana, el tránsito de peatones y la percepción de riesgo en los barrios. Hasta ahora, se ha modernizado cerca del 30% del sistema, con más de 55.000 luminarias instaladas en dos años, en una infraestructura que supera los 20 años sin una actualización de fondo y que representa la segunda red de alumbrado más grande del país después de Bogotá.
Avances y retos en la modernización
El proyecto incluye la transición a tecnologías LED para mayor eficiencia energética y vida útil extendida, con intervenciones en zonas deportivas, vías principales y barrios populares. Roger Mina presentó recientemente el estado del proceso en una mesa de trabajo con la Procuraduría, mientras Emcali no ha iniciado procesos de licitación ni publicado pliegos para el mantenimiento del alumbrado. Los veedores, encargados de supervisar la calidad del servicio, recibir quejas de la ciudadanía y promover la transparencia, enfatizan la urgencia de esta aclaración para no paralizar un avance esencial en la ciudad.
Esta situación pone en evidencia los desafíos administrativos que enfrentan las grandes obras de infraestructura pública en Colombia, donde los procesos disciplinarios deben equilibrarse con la continuidad de servicios vitales para la comunidad caleña.
