La Veeduría por la Verdad y la Justicia radicó formalmente ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal por presuntas irregularidades en el contrato del Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín, un megacontrato adjudicado bajo la administración del alcalde Federico “Fico” Gutiérrez. La denuncia, presentada el lunes 27 de julio de 2026, también fue acompañada de solicitudes de investigación ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con el objetivo de que se determinen posibles delitos como interés indebido en la celebración de contratos o contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El contrato en cuestión, identificado como SPO 2025-7, fue adjudicado por la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU) a la sociedad Tecnologías de la Información y Pago Integrado S.A.S., conocida como Tipi, para implementar y operar el ecosistema tecnológico del sistema de movilidad de la capital antioqueña.
El vocero de la veeduría, quien prefirió no ser identificado, explicó que los hallazgos de su equipo de abogados especializados en contratación estatal revelan posibles anomalías que ameritan una investigación seria por parte de las autoridades competentes. Según la denuncia, se habría incurrido en una presunta omisión de la publicación de documentos precontractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), así como en la falta de estudios previos, análisis sectoriales y evaluaciones técnicas necesarias para garantizar la transparencia del proceso. El esquema de pago del contrato es a demanda, con un valor indeterminado pero determinable, y su duración se extiende por 15 años, un periodo que la veeduría considera excesivo y que podría encubrir beneficios particulares.
Cambio de modelo de operación y posibles conflictos de interés
Uno de los puntos más críticos señalados por la veeduría es el cambio en el modelo de operación del sistema de movilidad. Durante 20 años, este servicio estuvo bajo la gestión de Empresas Públicas de Medellín (EPM), pero ahora fue transferido a la ESU y posteriormente tercerizado a Tipi. Este giro, según los denunciantes, podría haber sido estructurado para favorecer intereses particulares, lo que configura un posible conflicto de interés. La organización insistió en que su labor no es condenar ni anticipar responsabilidades, sino activar los mecanismos legales para que las autoridades investiguen. “Nuestra obligación es denunciar para que las autoridades investiguen y determinen si existieron posibles irregularidades o delitos contra la administración pública. La vigilancia ciudadana es un deber de todos”, afirmó el vocero en declaraciones a este medio.
La denuncia se enmarca en una investigación nacional más amplia que revisa cerca de un centenar de megacontratos en ciudades como Medellín, Cali y Cartagena, todos examinados por un equipo de abogados pro bono. La veeduría también solicitó a la Procuraduría y la Contraloría establecer si hubo detrimento patrimonial, lo que podría derivar en sanciones fiscales y disciplinarias. Sin embargo, la organización fue enfática al señalar que no está formulando acusaciones anticipadas, sino cumpliendo con su deber de vigilancia ciudadana. Hasta el momento, el alcalde Federico Gutiérrez no se ha pronunciado sobre el asunto, mientras que la ESU y Tipi tampoco han emitido declaraciones oficiales.
«Nuestro equipo de abogados, especialistas en contratación estatal, encontró hallazgos que ameritan una investigación seria por parte de las autoridades competentes»
Vocero de la Veeduría por la Verdad y la Justicia
Este caso pone de relieve las tensiones en la contratación pública en Medellín, donde la transparencia y la publicidad de los procesos son principios fundamentales establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 2195 de 2022. La veeduría, al activar estos mecanismos legales, busca que se esclarezca si hubo incumplimiento de estos principios, y que las autoridades determinen si existieron delitos contra la administración pública. Mientras tanto, la ciudadanía espera respuestas sobre un contrato que, por su magnitud y duración, podría tener un impacto significativo en la movilidad y las finanzas de la ciudad durante los próximos 15 años.
