En un fallo que marca un precedente en la lucha contra el maltrato animal en Colombia, Fernando Alonso Oviedo Sánchez fue condenado a 20 meses de prisión por agredir brutalmente a su perro con un látigo, luego de que el animal se comiera un trozo de carne de su almuerzo. Los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2025 en una finca del corregimiento de Montecristo, en el municipio de San Jacinto del Cauca, departamento de Bolívar. El agresor inmovilizó al perro, lo golpeó con un látigo, lo arrojó al piso y le propinó patadas, causándole lesiones graves que quedaron registradas en un video grabado por un vecino, el cual se viralizó en redes sociales y desató una ola de indignación nacional.
La condena, emitida tras la difusión masiva del caso, incluye además una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, una inhabilitación de 63 meses para tener animales y una inhabilitación de 5 años para ejercer derechos y funciones públicas. La investigación fue liderada por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía, que logró identificar y judicializar a Oviedo Sánchez gracias a la viralización del video. Aunque inicialmente se creyó que los hechos ocurrieron en Sonsón o Yarumal (Antioquia), la Fiscalía confirmó que el lugar fue el sur de Bolívar, y aclaró que el perro sobrevivió a la golpiza, desmintiendo rumores que circulaban sobre su muerte.
Un caso que reavivó el debate sobre la protección animal
El caso conmocionó al país en noviembre de 2025 y reavivó el debate sobre la protección animal. La viralización del video generó una ola de rechazo y presión pública que llevó a las autoridades a ofrecer una recompensa para dar con el paradero del agresor, quien finalmente aceptó los cargos y se presentó ante las autoridades. Sin embargo, no se aplicó la Ley Ángel, aprobada en febrero de 2025, que eleva las penas por maltrato animal, debido a que el caso se procesó con la normativa anterior. Este episodio se suma a otros casos de violencia contra animales que han provocado acciones judiciales en Colombia, evidenciando la necesidad de una aplicación más rigurosa de las leyes de protección animal.
