La denuncia de Veleros S.A.S., propietaria del Hotel Boutique Patio Andaluz en Cali, ante la Cámara de Comercio de Bogotá por presunto incumplimiento contractual de la Embajada del Estado de Catar durante la COP16 de Biodiversidad celebrada en Cali ha puesto en marcha un proceso de conciliación extrajudicial ante el Centro de Conciliación de dicha entidad. La queja, que reclama perjuicios superiores a 266 millones de pesos, incluye una factura de 430,9 millones y otros pagos asociados, además de la pretensión de que se determine la responsabilidad de las partes involucradas en la operación de hospedaje de la delegación catarí.
Entre las personas y entidades señaladas como partícipes del caso figuran Daniel Esteban Arévalo Chaparro, Oficial de Enlace de la Embajada; Issa Jaber Ahmed Alkuwari, embajador de Catar; Rashed Abdulla Ibrahim Budanash Alrumaihi, Tercer Secretario; Alfredo Arana Velasco, representante del hotel; BARAS S.A.S. y Mónica Barona Rasmussen, representantes de BARAS S.A.S., que actuó como intermediación. Según la denuncia, se acordó una reserva exclusiva para la delegación catarí y un bloqueo total del hotel para el periodo estimado, con una garantía de bloqueo emitida el 10 de septiembre de 2024 y un anticipo del 50% del contrato, por 208,9 millones de pesos, pagado el 30 de septiembre de 2024. La estadía habría iniciado el 20 de octubre y culminado con la salida de los funcionarios el 28 de octubre, dejando un bloqueo total entre el 19 de octubre y el 2 de noviembre de 2024. Posteriormente, el 30 de noviembre de 2024 se emitió una factura de 430,9 millones y, el 17 de diciembre de 2024, la embajada habría rechazado la factura y solicitado la devolución del anticipo, circunstancias que dieron paso a la conciliación y a la reclamación de intereses moratorios por 44,7 millones de pesos, además de una pérdida por periodo no utilizado estimada en 222 millones de pesos.
Disputa hotelera durante la COP16 y sus implicaciones contractuales
La controversia gira en torno a la interpretación de garantías de pago y estándares de calidad, así como a las condiciones de un bloqueo y la facturación asociada al alojamiento de la delegación catarí. La empresa demandante sostiene que, con base en las actuaciones descritas, hubo un supuesto incumplimiento por parte de la Embajada, lo que, sostienen, podría implicar responsabilidad patrimonial de los funcionarios involucrados. En ese marco, la factura de 430,9 millones fue objeto de objeción por parte de la embajada y se solicitó la devolución del anticipo, generando un conflicto que se ventiló en un proceso de conciliación ante la Cámara de Comercio de Bogotá, con la participación de once personas naturales y BARAS S.A.S. en calidad de intermediario.
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En el contexto de COP16, los antecedentes señalan que el hotel Patio Andaluz recibió una reserva exclusiva para la delegación catarí, gestionada mediante BARAS S.A.S. y con un periodo de bloqueo que afectó a las fechas de hospedaje entre octubre y noviembre de 2024. En cuanto a lo formal, la garantía de pago fue comunicada por la embajada mediante carta oficial el 10 de septiembre de 2024 y el anticipo del 50% fue abonado el 30 de septiembre de ese año, mientras que la factura correspondiente quedó registrada el 30 de noviembre y fue objeto de rechazo por parte de la embajada el 17 de diciembre, lo que condujo a la solicitud de conciliación y a la reclamación de intereses moratorios.
Aunque la investigación principal se centra en la relación contractual entre la delegación catarí y el hotel, la situación adquiere un nuevo matiz frente al fenómeno de fondo que analiza el sector hotelero durante grandes eventos. En septiembre de 2025, la SIC abrió una investigación paralela sobre cartelización hotelera durante la COP16, involucrando a Cotelco y a trece hoteles de Cali, para examinar posibles acuerdos de coordinación de precios y el uso del SIH para compartir datos. En respuesta a este escenario, Cotelco adoptó compromisos para corregir conductas: adecuación del SIH, un programa de cumplimiento, modificaciones del código de ética y la obtención de un certificado de buenas prácticas en libre competencia del Icontec, vigentes por tres años bajo supervisión de la SIC. La autoridad no ha revelado todavía los nombres de los hoteles involucrados, alegando que la investigación avanza.
Este episodio, junto con el contexto de la COP16, podría tener efectos sobre tarifas y la competencia en el sector hotelero de Cali durante grandes eventos, así como posibles responsabilidades patrimoniales de funcionarios y cambios regulatorios en libre competencia, temas que la prensa seguirá con atención para esclarecer las implicaciones jurídicas y económicas para el sector turístico de la región.
