La concejala de Bogotá Heidy Sánchez, del Pacto Histórico, denunció que la Alcaldía de Carlos Fernando Galán vendió 12.594,29 metros cuadrados de suelo público, propiedad del sistema TransMilenio, a la constructora privada Ménsula S.A.S. La operación, formalizada mediante la Resolución 407 del 20 de noviembre de 2025, reclasificó los predios —originalmente remanentes de obra en la estación intermedia de la avenida Primero de Mayo con carrera 10— como suelo de renovación urbana bajo el Proyecto de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS). Según la concejala, esta decisión prioriza el lucro privado sobre la solución al déficit habitacional que afecta a unos 18.000 hogares en la ciudad.
La convocatoria pública para la venta fue lanzada el 21 de noviembre de 2025, y el 8 de mayo de 2026 se notificó a la ganadora. Cuatro constructoras participaron: Colombia CMF S.A., Concreto S.A., Oikos S.A.S. y Ménsula S.A.S., que resultó adjudicataria. El plan básico aprobado contempla la construcción de 400 viviendas de interés social (VIS) y 13 unidades comerciales, con una superficie total construida proyectada de 22.522 metros cuadrados y un valor estimado de 119.000 millones de pesos. No obstante, el proyecto no incluye viviendas de interés prioritario (VIP), lo que, según Sánchez, excluye a las familias más pobres, aquellas con ingresos de hasta un salario mínimo mensual legal vigente.
Las cifras detrás de la polémica
El avalúo catastral de los terrenos asciende a 5.673 millones de pesos, pero la venta generará ingresos para TransMilenio cercanos a los 20.000 millones de pesos, recursos que serán destinados al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), utilizado para sostener el sistema de transporte. La concejala advierte que, según el potencial de 25.000 metros cuadrados construibles calculado por TransMilenio, la constructora podría obtener ganancias estimadas en 100.000 millones de pesos. En contraste, el déficit de vivienda en Bogotá alcanza unos 18.000 hogares, y el pasaje de TransMilenio subió recientemente un 10,9%, fijándose en 3.550 pesos, mientras el presupuesto del FET para 2026 es de 3,2 billones de pesos.
“El suelo público disponible, la alcaldía de @CarlosFGalan prefiere entregarlo a constructoras privadas para que hagan negocio, en lugar de utilizarlo para solucionar el déficit habitacional, problemática que golpea con mayor fuerza a los más pobres”.
Heidy Sánchez, concejala del Pacto Histórico
La concejala también comparó los 20.000 millones obtenidos por la venta con la posibilidad de ofrecer 5,6 millones de pasajes gratuitos de TransMilenio, y reiteró que “ya es seguro que a este proyecto ubicado en el centro de Bogotá y sobre la tierra mejor servida en transporte, no tendrán acceso los más pobres: hogares con ingresos de hasta 1 smmlv”. Sánchez insistió en la necesidad de implementar “otro esquema de adquisición y/o acceso con el que la vivienda social pueda llegar realmente a los más pobres”, señalando que la política urbana actual favorece los intereses empresariales por encima del derecho a la vivienda popular y al transporte público.
