Las Fuerzas Armadas de Venezuela bombardearon el viernes 30 de octubre una instalación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Apure, en una zona rural próxima al caserío Buena Vista del Meta, cerca de la frontera con Colombia. La operación, que habría contado con apoyo de inteligencia y drones de Estados Unidos según reveló The New York Times, dejó al menos 23 muertos, de acuerdo con la ONG Fundaredes, aunque la cifra no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades venezolanas, que inicialmente reportaron nueve fallecidos.
El ataque aéreo fue planificado durante aproximadamente un mes y combinó drones y helicópteros artillados, un despliegue que sorprendió a quienes se encontraban en el lugar, según fuentes militares consultadas por medios colombianos. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue de San Fernando de Apure, donde Fundaredes reportó cadáveres mutilados por los explosivos. Entre los fallecidos hay ciudadanos venezolanos, colombianos y mexicanos, según periodistas de la Alianza Rebelde Investiga. La instalación atacada era utilizada por el ELN para actividades vinculadas al tráfico de cocaína, según testimonios recopilados por la ONG.
El ELN mantiene una presencia histórica en los estados venezolanos limítrofes con Colombia, como Apure, Táchira, Zulia y Amazonas, donde ha encontrado refugio, corredor logístico y plataforma para economías ilegales como el narcotráfico, la minería y el contrabando. Sin embargo, ni Washington ni Caracas han asumido públicamente una responsabilidad conjunta en esta ofensiva.
Reacciones oficiales y hermetismo
El Departamento de Estado de Estados Unidos remitió las consultas al Pentágono, mientras que el gobierno venezolano no ofreció una explicación oficial sobre lo ocurrido. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, mencionó la existencia de «muertes extrañas» en Apure y anunció investigaciones, sin confirmar el ataque contra el ELN ni la participación estadounidense. Colombia, por su parte, negó cualquier participación en la ofensiva.
«No obstante, afirmó que no recibió información directa sobre una eventual participación de Estados Unidos.»
Alto oficial militar venezolano, citado por The New York Times
El coordinador de Fundaredes en Apure, Juan Francisco García, afirmó que visitó una morgue cercana y vio cadáveres mutilados por los explosivos, lo que refuerza la magnitud del ataque. Un funcionario estadounidense indicó que el tipo de dron utilizado suele estar bajo operación de fuerzas de Estados Unidos, pero no precisó quién controló los equipos durante el bombardeo. Testimonios de sobrevivientes señalan que entre las víctimas había personas que no pertenecían a la guerrilla, como pilotos, proveedores y familiares.
Impacto y consecuencias
Analistas apuntan que el ataque podría obligar al ELN a reforzar la protección de sus mandos y revisar su despliegue fronterizo, en un escenario de creciente presión militar en la región. Mientras tanto, la falta de explicaciones oficiales alimenta las especulaciones sobre una cooperación encubierta entre Caracas y Washington en la lucha contra el narcotráfico, un tema que sigue siendo un tabú en las relaciones bilaterales.









