La Misión Internacional de Determinación de los Hechos presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos en el que documenta detenciones arbitrarias, torturas y represión continuada contra vocnacioes críticas en Venezuela.
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La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU advirtió este lunes que la persecución por motivos políticos se ha intensificado en Venezuela durante 2025. Según el organismo, las víctimas no encuentran justicia en instancias nacionales y dependen de la comunidad internacional para que sus casos sean atendidos.
En el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, la Misión reveló nuevas evidencias sobre la represión postelectoral tras los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. El documento expone cómo se han mantenido los patrones de persecución contra defensores de derechos humanos y opositores durante el presente año.
La investigación señala que, de las 25 muertes registradas en las protestas de julio de 2024, los cuerpos de seguridad del Estado estuvieron involucrados en al menos 12 casos. En Maracay, miembros de la Guardia Nacional y del Ejército dispararon contra manifestantes, causando seis fallecimientos. Ninguno de estos hechos ha sido esclarecido por la justicia.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, cuestionó la falta de avances judiciales y destacó que “todas las muertes permanecen en la impunidad”. A ello se suma la documentación de cinco muertes bajo custodia en 2024 y 2025, dos de ellas relacionadas con la ausencia de atención médica oportuna, lo que se consideró trato cruel e inhumano.
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Detenciones selectivas
El informe también registró que, aunque más de dos mil personas detenidas en 2024 fueron liberadas, al menos 200 nuevas detenciones selectivas se han producido en 2025. Entre los casos más graves, 220 adolescentes entre 13 y 17 años fueron privados de la libertad y sometidos a incomunicación, violencia sexual y violaciones al debido proceso.
Francisco Cox, experto de la Misión, indicó que las detenciones de este año repiten el patrón de 2024, ejecutadas por individuos enmascarados y con expedientes penales fabricados. Afirmó que la subordinación de la justicia al poder ejecutivo elimina cualquier expectativa de investigación interna efectiva.
El documento también denuncia el uso sistemático de torturas como asfixia, palizas, descargas eléctricas y amenazas de violación. Además, las leyes sobre financiación de ONG y la denominada “Simón Bolívar” han servido para restringir el trabajo de la sociedad civil, obligando a organizaciones a limitar actividades o cerrar.
La Misión concluyó que el crimen de persecución por motivos políticos persiste en Venezuela y que no existe voluntad de las autoridades para frenar estas violaciones. Ante este panorama, reiteró que la comunidad internacional representa la única vía de justicia para las víctimas.
