La defensa de Verónica Alcocer, primera dama saliente de Colombia, presentó un derecho de petición ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, con el objetivo de conocer si existe alguna investigación penal en su contra derivada de la difusión de audios atribuidos a su excolaboradora Eva Ferrer Galcerán. El abogado Ricardo Gaviria Ramírez, quien firma el documento, solicita a la Fiscalía que informe si actualmente cursa alguna indagación o investigación penal contra Alcocer relacionada con los hechos a los que aluden dichas manifestaciones.
La solicitud fue presentada tras la divulgación pública de los audios por parte de la revista Semana, en los que Ferrer Galcerán formula graves acusaciones que involucran a la primera dama y a su entorno. Entre los señalamientos más controvertidos se encuentra la afirmación de que durante la campaña presidencial habrían ingresado dos millones de euros en efectivo, presuntamente entregados por el empresario catalán Manel Grau. «Yo vi cuando trajeron dos millones de euros en una bolsa», se escucha decir a Ferrer en uno de los fragmentos difundidos. También se menciona la desaparición de mil millones de pesos de una consejería y un gasto mensual atribuido a Alcocer de 50.000 euros, además de cobros por reuniones.
La defensa busca restablecer el buen nombre
En el derecho de petición, la defensa de Alcocer sostiene que los audios fueron obtenidos y divulgados sin su conocimiento y con vulneración de su derecho a la intimidad, según lo declarado por la abogada de Ferrer Galcerán. Gaviria Ramírez advierte que algunas de las conductas descritas en las grabaciones «en abstracto, podrían revestir las características objetivas de conductas punibles», pero subraya que la divulgación se ha hecho sin que su representada haya podido ejercer su derecho de defensa. El objetivo principal, según el abogado, es «restablecer prontamente su buen nombre y el de su familia» y, de ser necesario, «promover las acciones judiciales a que haya lugar en contra de quienes hubieren formulado, denunciado o divulgado imputaciones falsas o carentes de sustento».
El documento también señala que «algunos congresistas tendrían la intención de promover una denuncia penal relacionada con dichos acontecimientos», lo que añade urgencia a la petición de la defensa para esclarecer la situación jurídica de Alcocer. En caso de que exista un proceso en curso, la defensa solicita conocer el número de noticia criminal, el despacho asignado y que se incorpore al expediente el poder especial adjuntado. Además, pide que se cite al abogado Gaviria Ramírez a cualquier audiencia de control posterior y que se remita copia de la denuncia, informe o petición que haya dado inicio a dicha actuación.
Las acusaciones en los audios
En las grabaciones atribuidas a Eva Ferrer Galcerán, que circularon ampliamente en medios y redes sociales, se hacen múltiples señalamientos sobre el manejo de fondos y la influencia de figuras foráneas en entidades estatales. La excolaboradora de Alcocer menciona a Xavier Vendrell como parte del círculo próximo del presidente Gustavo Petro y describe una estructura de figuras provenientes de Cataluña alrededor de la primera dama. En uno de los audios, Ferrer afirma: «Yo a Manel le he estado sacando información todo el día. Entonces, ya sé quién es el testaferro de Manel. El italiano», en referencia al empresario catalán Manel Grau y a una persona de nacionalidad italiana que actuaría como testaferro. También se refiere al entorno de Alcocer con frases como «En el entorno de Alcocer, el dinero les gusta pa ellos».
«Yo vi cuando trajeron dos millones de euros en una bolsa»
Eva Ferrer Galcerán, excolaboradora de Verónica Alcocer, en audio difundido por Semana
Las acusaciones incluyen un supuesto control sobre cargos en Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), así como la presunta desaparición de mil millones de pesos de una consejería. Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la Nación ni la defensa de Alcocer han confirmado la existencia de una investigación formal. El derecho de petición presentado busca precisamente obtener esa información para que la primera dama saliente pueda ejercer su derecho a la defensa y, en caso de que no haya proceso, desvirtuar cualquier especulación que afecte su reputación.
