En una decisión que sacude los cimientos de la Contraloría General de la República, el Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta abrió un incidente de desacato contra el vicecontralor Francisco José Chaux y otros tres funcionarios de la entidad. La medida, adoptada el 9 de octubre, busca determinar si estos servidores públicos incumplieron la orden judicial que exigía reactivar de manera inmediata el Concurso Abierto de Méritos CGR 2024-2026, un proceso que busca proveer 3.144 cargos de carrera administrativa y que permanece detenido desde el pasado 17 de septiembre.
El origen de la controversia se remonta a comienzos de octubre, cuando el Juzgado de Familia del Circuito de Mocoa, en fallo de tutela, dejó sin efectos la suspensión del concurso y otorgó un plazo de 48 horas para su reanudación. La acción judicial, presentada por Andrés Alberto Rocha Guevara contra la Contraloría, el contralor Gregorio Eljach y el Consejo Superior de Carrera Administrativa, ordenaba no solo levantar la suspensión sino también publicar un cronograma actualizado que permitiera continuar con las etapas pendientes del proceso de selección.
Cuestionamientos a la respuesta institucional
El juzgado de Cúcuta, al constatar las actuaciones de la Contraloría, encontró que la entidad programó la publicación del nuevo calendario para el 30 de octubre, sin establecer fechas inmediatas para resolver las reclamaciones sobre puntajes de estudios y experiencia, ni para consolidar los resultados definitivos. Esta situación motivó la apertura del incidente, pues el despacho considera que las actividades relacionadas con la caracterización de los aspirantes afectados por el terremoto del 10 de agosto no se están desarrollando de manera simultánea con las demás etapas pendientes del concurso, lo que genera una dilación injustificada en el proceso.
Es de recordar que el Consejo Superior de Carrera Administrativa, en sesión del 7 de octubre, había levantado formalmente la suspensión y establecido un procedimiento especial para los aspirantes damnificados por el sismo, concediendo un plazo entre el 8 y el 20 de octubre para que estos presentaran los certificados expedidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Posteriormente, entre el 21 y el 23 de octubre, se programó una mesa de trabajo entre la Dirección de Carrera Administrativa y la Universidad de Antioquia, entidad encargada de la operación técnica y logística del concurso mediante el contrato interadministrativo 815 de 2024, para finalmente someter la aprobación del calendario definitivo al Consejo Superior entre el 26 y el 28 de octubre.
Los cuatro funcionarios vinculados al incidente deberán comparecer ante el juzgado para explicar por qué no se establecieron fechas inmediatas para resolver las reclamaciones y consolidar los resultados, y deberán justificar los avances realizados desde la notificación del fallo de tutela. El juzgado, además, exigió explicaciones sobre la demora en la entrega del listado completo de inscritos por parte de la Universidad de Antioquia, documento que incluiría nombres, documento de identidad, convocatoria, registro, ciudad de domicilio y correo electrónico de todos los participantes, información necesaria para verificar la condición de los afectados por el terremoto.
El proceso de selección, que ya había superado la etapa de pruebas escritas y se encontraba en la fase de análisis de antecedentes, asignación de puntajes por estudios y experiencia, y elaboración de listas de elegibles, enfrenta ahora un nuevo escenario de incertidumbre jurídica. La decisión del juzgado de Cúcuta representa un llamado de atención contundente a la celeridad que exige la administración de justicia en materia de concursos públicos, y deja en evidencia las tensiones entre los tiempos institucionales y los mandatos judiciales.
«La apertura de este incidente de desacato busca garantizar que el derecho fundamental a la igualdad de los aspirantes no se vea vulnerado por dilaciones injustificadas en la reactivación del concurso».
Comunicado del Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta
El desenlace de este proceso judicial será determinante no solo para los más de 3.000 cargos que están en juego, sino también para la credibilidad de la institucionalidad en materia de selección de servidores públicos por mérito. La Contraloría General de la República, mientras tanto, continúa a la espera de que se defina la situación jurídica del vicecontralor Chaux y los demás funcionarios vinculados, en un caso que marca un precedente sobre el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales en procesos de carrera administrativa.
