El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina Gómez, radicó un memorial ante la Corte Constitucional para poner en conocimiento la sentencia del Consejo de Estado que declaró la pérdida de investidura del entonces senador Iván Leonidas Name Vásquez por tráfico de influencias debidamente comprobado, y para solicitar que se evalúe si esa conducta tiene incidencia en la validez de la Ley 2381 de 2024, la reforma pensional. El escrito, presentado con posterioridad a la Sentencia C-264 de 2026, pide que los hechos establecidos por el Consejo de Estado sean incorporados a los expedientes de constitucionalidad que cursan contra dicha ley, sin que ello constituya una nueva demanda de inconstitucionalidad ni pretenda reabrir lo ya decidido por la Corte.
La providencia del Consejo de Estado fue emitida el 25 de septiembre de 2026 y en ella se determinó que Name, en su calidad de presidente del Senado entre 2023 y 2024, incurrió en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución. El memorial de Molina Gómez enfatiza que no sostiene que una conducta individual invalide por sí sola una ley, pero sí solicita a la Corte Constitucional que analice la pertinencia constitucional y probatoria de dicha sentencia, así como la práctica de pruebas oficiales que incluyen actas, gacetas, videograbaciones de sesiones plenarias y certificaciones de quórum.
Las pruebas y el análisis del trámite legislativo
Según el examen del Consejo de Estado, en 14 de las 16 sesiones plenarias del Senado examinadas, Name no dirigió integralmente la plenaria o cedió su conducción durante el periodo de actuaciones decisivas del proyecto, que comprendió del 28 de febrero al 23 de abril de 2024. La ponencia fue aprobada el 15 de abril de ese año, mientras que la discusión y votación del articulado se extendió del 16 al 23 de abril de 2024. El memorial sostiene que estos hechos, que derivaron en una condena por tráfico de influencias, podrían haber afectado las garantías del trámite legislativo, razón por la cual se requiere que la Corte determine si tienen relevancia en los procesos de constitucionalidad que se adelantan contra la Ley 2381 de 2024, cuya entrada en vigencia está prevista para el 1 de abril de 2027.
El vicepresidente de la Cámara solicitó además que se identifiquen los procesos de constitucionalidad contra la reforma pensional que se encuentren en trámite, suspendidos o pendientes de decisión, y pidió que se incorpore material trasladado de las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia. Entre las pruebas requeridas figuran videograbaciones oficiales de 16 sesiones plenarias y las certificaciones de quórum correspondientes, con el fin de establecer si la conducta de Name, descrita en la sentencia del Consejo de Estado, tuvo algún efecto en la formación de la ley.
«A través de la producción de una conducta de persuasión, encaminada a que, mediante tratativas con otros servidores públicos, el entonces senador se valiera de su condición de presidente del Congreso para obtener dinero, que recibió de otros servidores, so pretexto de apartarse de la dirección del trámite legislativo de la reforma pensional».
Sentencia del Consejo de Estado citada en el memorial
La Corte Constitucional también recibió solicitudes de Colpensiones, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República relacionadas con el futuro de la reforma pensional. La magistrada Paola Meneses informó que estos requerimientos serán analizados por la Sala Plena antes de adoptar una decisión, en lo que se perfila como un pronunciamiento de alta complejidad jurídica y de profundo impacto fiscal y social para el país.
