La periodista y candidata presidencial Vicky Dávila expresó su respaldo al aumento del salario mínimo en un 23,7% para 2026, propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro y que fijaría el salario base en 2.000.000 pesos incluyendo el auxilio de transporte, aunque lo condicionó a recortes en el gasto público y una reducción de impuestos. Esta posición la dio a conocer en su cuenta oficial de la red social X, justo después del anuncio gubernamental y la suspensión provisional del decreto por parte del Consejo de Estado, medida que afecta directamente a 2,4 millones de trabajadores en el país.
En su publicación, Dávila alertó sobre el posible uso político de la iniciativa, reconociendo que incluso si el objetivo del presidente Petro es «comprar las elecciones», ella se mantendrá del lado de los trabajadores. Sin embargo, enfatizó su desacuerdo con el derroche en el gasto público y los altos impuestos que, según ella, asfixian a las empresas y permiten la corrupción. El debate nacional se centra en la sostenibilidad fiscal, el bienestar de los trabajadores y el manejo de los recursos estatales, con preocupaciones crecientes por el impacto en el sector productivo.
Condiciones para un apoyo total
Dávila insistió en que el verdadero camino para viabilizar estos beneficios pasa por recortar el gasto público y bajar los impuestos, lo que beneficiaría a todos y frenaría el robo de los «politiqueros». Criticó duramente la corrupción, la robadera y el derroche de la plata de los colombianos, posicionando la lucha no contra los trabajadores, sino contra estos males que aquejan al país.
«Si Petro mantiene el aumento del 23,7%, está bien. Aun cuando su objetivo sea comprar las elecciones. Pero siempre estaré del lado de los trabajadores».
Vicky Dávila, periodista y candidata presidencial
«En lo que no estoy de acuerdo es en el derroche del gasto público y los altos impuestos que asfixian a las empresas. Si se recorta el gasto público y se bajan los impuestos, todos ganamos y los politiqueros dejan de robar».
Vicky Dávila, periodista y candidata presidencial
Esta postura de Dávila se enmarca en un contexto de tensión política y económica, donde la suspensión provisional del decreto por el Consejo de Estado ha intensificado las discusiones sobre cómo equilibrar el apoyo a los trabajadores con la salud financiera del Estado, sin comprometer el crecimiento del sector privado ni abrir la puerta a más irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
