La periodista y exprecandidata presidencial Vicky Dávila encendió el debate político al afirmar que en Colombia «la impunidad es una garantía», durante un pronunciamiento público difundido en redes sociales donde contrastó la rápida destitución del presidente paraguayo Santiago Peña con la situación judicial de varios expresidentes colombianos. Según Dávila, mientras que en Paraguay la justicia operó con celeridad tras la crisis financiera de Ueno Bank que afectó a tres millones de usuarios, en Colombia figuras como Ernesto Samper, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro habrían sorteado consecuencias legales a pesar de los escándalos que rodearon sus gobiernos.
La controversia se desató luego de que el Senado paraguayo destituyera y detuviera a Santiago Peña el 6 de noviembre de 2026, tras la intervención de Ueno Bank, entidad que suspendió temporalmente el acceso a cuentas, tarjetas y transferencias de cerca de tres millones de personas. En su análisis, Dávila señaló que Peña intentó renunciar para evadir responsabilidades, pero las autoridades no aceptaron su dimisión y procedieron con su remoción en cuestión de horas, un accionar que calificó como un ejemplo de eficacia institucional. Este episodio, dijo, contrasta con lo ocurrido en Colombia, donde los mandatarios investigados por diferentes causas habrían logrado mantenerse en el poder sin enfrentar procesos judiciales concluyentes.
Los casos colombianos mencionados por Vicky Dávila
En sus declaraciones, la periodista se refirió específicamente a tres expresidentes: Ernesto Samper, quien gobernó tras ser elegido con dineros del Cartel de Cali en el denominado proceso 8.000; Juan Manuel Santos, salpicado por el caso Odebrecht por presuntos aportes no declarados a su campaña de reelección en 2014; y el actual presidente Gustavo Petro, a quien acusó de haber «hecho y deshecho» sin rendir cuentas. Dávila subrayó que todos ellos «se defendieron desde la Presidencia con la seguridad de que nada les iba a pasar», una situación que, a su juicio, demuestra que «la impunidad es una garantía» en el sistema colombiano. Como ejemplo de esa falta de consecuencias, mencionó que la Cámara de Representantes precluyó la investigación contra Samper, aunque varios de sus colaboradores fueron condenados, y que la Fiscalía imputó en noviembre de 2026 a Roberto Prieto, exgerente de la campaña de reelección de Santos, por presunto fraude procesal y enriquecimiento ilícito, sin que ello constituya una condena contra el expresidente.
«El presidente de Paraguay Santiago Peña renunció para evadir las consecuencias por la catástrofe financiera de Ueno Bank que afectó a tres millones de personas en su país. Pero no solo no le aceptaron la renuncia, lo destituyeron y lo detuvieron; todo ocurrió en pocas horas. La justicia operando.»
Vicky Dávila, periodista
«Aquí Ernesto Samper se quedó en el gobierno, tras ser elegido con dineros del Cartel de Cali. Juan Manuel Santos, salpicado por Odebrecht, también se pudo aferrar al poder. Y ni qué decir de Gustavo Petro, hizo y deshizo, y sigue sin responder.»
Vicky Dávila, periodista
Más allá de estos casos puntuales, Dávila amplió su crítica al señalar que «a lo largo de la historia han sido muchos más» los episodios en los que las investigaciones se prolongan por años y chocan con límites institucionales, debates de competencia y dificultades probatorias contra los máximos responsables. Recordó otros escándalos como la parapolítica, que reveló alianzas entre políticos y paramilitares; los falsos positivos, con 6.402 víctimas estimadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 2002 y 2008; las chuzadas del DAS, que implicaron interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y opositores; y el caso de Agro Ingreso Seguro, que desvió subsidios hacia grandes propietarios durante el segundo mandato de Álvaro Uribe. En todos estos casos, dijo, el patrón común ha sido la ausencia de consecuencias para quienes ostentaron el poder, mientras que las estructuras criminales y los funcionarios de menor rango han enfrentado la justicia. La periodista concluyó que este historial de impunidad contrasta de manera evidente con la rapidez con que Paraguay actuó contra su presidente, un mensaje que ha generado un intenso debate sobre la eficacia del sistema judicial colombiano.
