El Ministerio de Educación Nacional decretó vigilancia especial sobre la Universidad del Atlántico tras confirmar graves irregularidades que comprometen la transparencia y la legalidad del proceso de elección de rector. La resolución 022126, firmada el pasado 14 de noviembre, establece una vigilancia especial y una inspección preventiva para garantizar la entrega de soportes y la designación de un inspector in situ que supervise la gestión administrativa y financiera. Las medidas tienen cumplimiento inmediato en cuanto se notifique a la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía y buscan asegurar que el proceso se desarrolle con trazabilidad y sin presiones externas, en un momento decisivo para la casa de estudios del Caribe colombiano.
El anuncio fue hecho por el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, en un contexto que involucra al aspirante a rector Leyton Barrios, cercano al clan Char, así como al Comité Electoral. Se han registrado irregularidades en el proceso de elección, con inconsistencias en la experiencia académica de uno de los aspirantes y con documentos contradictorios sobre su trayectoria, además de negativa o demora en la entrega de documentos requeridos para verificar los requisitos. Integrantes del Comité Electoral denunciaron haber enfrentado presiones internas tras reportar estas anomalías, lo que agrava la preocupación por la integridad del proceso. Por su parte, la Universidad del Atlántico comunicó que aún no ha recibido oficialmente la resolución, mientras el Gobierno insistió en que las medidas deben cumplirse de inmediato una vez notificada a la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía.
La vigilancia especial y su alcance en el Caribe
La resolución 022126 establece una vigilancia especial con inspección preventiva y la obligación de entregar todos los soportes solicitados. En la práctica, se designa un Inspector in situ, cuyo nombre aún no ha sido revelado, para vigilar la gestión administrativa y financiera de la universidad y evaluar posibles medidas nuevas o modificaciones conforme avance el proceso. En cifras, la consulta a la comunidad universitaria registró más de 6.000 votos a favor de Danilo Hernández y 3.496 para Leyton Barrios, y el presupuesto para 2025 de la Universidad del Atlántico se sitúa alrededor de 445.000 millones de pesos. Estas cifras evidencian la magnitud del proceso y la necesidad de un marco de control público.
«La Universidad no ha entregado la totalidad de los soportes solicitados, incluso aquellos necesarios para verificar requisitos básicos de los candidatos. Esta falta de transparencia afecta la confianza institucional y activa las medidas de la Ley 1740», señaló el Ministerio de Educación Nacional
Antecedentes: la elección de rector en la Universidad del Atlántico ha estado marcada por disputas políticas y la influencia de clanes regionales como Char, Name y Gerlein. Por qué es noticia ahora: se emite vigilancia especial y se toman medidas para garantizar legalidad, transparencia y protección de denunciantes. El impacto buscado es preservar el debido proceso, frenar presiones y restablecer la confianza en la institución durante un momento clave para su estabilidad institucional. En ese marco, la vigilancia especial representa un paso decisivo para la transparencia y la protección de quienes informan irregularidades, con la posibilidad de nuevas medidas si se identifican incumplimientos o irregularidades adicionales.
