En una tensa sesión de la plenaria extraordinaria del Senado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió con vehemencia el decreto de emergencia económica expedido a finales de 2025, argumentando que el Congreso aprobó el presupuesto nacional con plena conciencia de que su ejecución dependía de una ley de financiamiento por 16,3 billones de pesos, la cual fue finalmente rechazada por el Legislativo. Esta comparecencia, enmarcada en un debate de control político impulsado por la senadora Angélica Lozano y otros opositores, puso en el centro la excepcionalidad del decreto ante una situación fiscal sobreviniente generada por el rechazo del proyecto.
Ávila expuso los fundamentos jurídicos y fiscales del decreto, destacando que los gastos inflexibles consumen el 93 por ciento del presupuesto en 2025 y escalan al 93,7 por ciento en 2026, con partidas como el personal que representan el 11,3 por ciento y las pensiones el 15 por ciento. Estos compromisos, agravados por el crecimiento de ingresos fiscales inferior al de estos rubros inevitables, obligaron al Gobierno a actuar tras el fracaso de la ley de financiamiento presentada por el Ministerio de Hacienda, en un contexto de rechazo previo a la reforma tributaria.
Críticas de la oposición por abuso de poder
La intervención del ministro no logró consenso en la plenaria, donde persistieron profundas diferencias sobre la interpretación de la regla fiscal y el uso de la emergencia económica, especialmente ante la necesidad de recursos adicionales para cumplir órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con la Unidad de Pago por Capitulación (UPC) en el sector salud. La oposición cuestionó la excepcionalidad del decreto, alegando que no se trata de un evento imprevisible como la pandemia de covid o la avalancha de Mocoa.
“El Congreso aprobó un presupuesto con la absoluta conciencia y claridad de que solo se podía ejecutar si estaba acompañado de una ley de financiamiento que aportara 16,3 billones de pesos para la ejecución. Es decir: necesitaba de una fuente adicional de financiación para lograr el equilibrio entre los ingresos y los gastos. El Gobierno no se inventó la ley de financiamiento después de aprobado el presupuesto; el Congreso era consciente de que el presupuesto que aprobó requería ingresos adicionales”
Germán Ávila, Ministro de Hacienda
Por su parte, la senadora Angélica Lozano arremetió contra la medida, calificándola de crisis fiscal provocada por el Gobierno, que en junio de 2025 habría roto la regla fiscal al asumir créditos ilimitados y pagar intereses exorbitantes con nuevo endeudamiento, lo que a su juicio configura un abuso de poder.
“Es una crisis fiscal provocada. En junio de 2025, el Gobierno rompió la regla fiscal. Eso quiere decir que decidió asumir créditos al infinito y estamos pagando intereses altísimos, pagándolos con un nuevo cupo de tarjeta de crédito. Aquí hay una desviación y un abuso de poder. La única razón por la que prospera una emergencia económica es por algo imprevisible como la pandemia del covid o la avalancha de Mocoa”
Angélica Lozano, Senadora
La sesión dejó al descubierto las grietas en el debate fiscal nacional, con el Gobierno insistiendo en la necesidad del decreto para evitar un colapso en las finanzas públicas, mientras la oposición exige mayor rigor en el manejo de la regla fiscal y cuestiona el recurso a emergencias para sortear obstáculos legislativos.
