La Corporación Cívica de Caldas advierte que dos de los cinco indicadores de vivienda presentan avances nulos o mínimos
La ejecución promedio de las metas del cuatrienio llega al 36,24 %, mientras seis contratos tienen situaciones pendientes de aclaración en la información pública
La política de vivienda de la Gobernación de Caldas muestra resultados en algunos de sus principales componentes, pero mantiene importantes rezagos frente a las metas establecidas para el periodo 2024-2027. Así lo señala un informe de la Corporación Cívica de Caldas (CCC), que examinó los indicadores de ejecución del Plan de Desarrollo departamental y revisó la información contractual disponible.
El análisis, elaborado con información del portal Caldata de la Gobernación y registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), con corte al 31 de agosto de 2026, identifica avances en la construcción de vivienda nueva y en la formalización de soluciones habitacionales, pero también retrasos en los mejoramientos acumulados, la legalización de intervenciones y el saneamiento predial.
De acuerdo con la Corporación, el avance promedio de los cinco indicadores de vivienda alcanza el 36,24 % de las metas previstas para el cuatrienio. Sin embargo, las diferencias entre programas son considerables.
La construcción de vivienda nueva registra 515 unidades frente a una meta de 800, equivalente al 64,38 %. La protocolización de viviendas nuevas alcanza 425 documentos de los 600 previstos, mientras que los mejoramientos de habitabilidad suman 511 intervenciones de una meta de 1.300.
Los mayores rezagos aparecen en la protocolización de mejoramientos de vivienda, que no registra ejecución frente a una meta de 1.000 documentos, y en el saneamiento y titulación de bienes fiscales, que reporta 10 casos de los 150 previstos.
Mejoramientos: un resultado positivo en 2026
Uno de los datos destacados del informe es la recuperación de los mejoramientos de vivienda durante 2026. Según la CCC, hasta el 31 de agosto se habían registrado 511 intervenciones, frente a una meta anual de 481, lo que representa un cumplimiento aproximado del 106 % de lo programado para ese año.
El resultado contrasta con la ausencia de ejecución de este componente durante 2024 y 2025. Pese al repunte, el acumulado del cuatrienio continúa por debajo de lo esperado: para el cierre de 2026 deberían contabilizarse 781 mejoramientos, pero el registro disponible reportaba 511.
La construcción de vivienda nueva también presenta una brecha frente al ritmo previsto. De las 225 unidades programadas para 2026, se reportaban 70 ejecutadas hasta agosto. En el acumulado, las 515 viviendas registradas están por debajo de las 650 que, según el análisis de las metas anuales, deberían alcanzarse al cierre de este año.
La Corporación advierte que todavía quedaban meses para finalizar 2026 cuando se realizó el corte de la información, por lo que los resultados podrían cambiar. No obstante, considera necesario acelerar los programas que no avanzan al ritmo previsto.
| Subprograma | Meta Cuatrienio | Ejecutado acumulado | Faltante cuatrienio | Avance cuatrienio |
| Construcción Vivienda Nueva Rural y Urbana | 800 | 515 | 285 | 64,38% |
| Mejoramiento de Habitabilidad | 1.300 | 511 | 789 | 39,31% |
| Gestión y Legalización | 600 | 425 | 175 | 70,83% |
| Gestión y Legalización | 1.000 | 0 | 1.000 | 0% |
| Saneamiento Predial | 150 | 10 | 140 | 6,67% |
Tabla elaborada con datos tomados de Caldata con corte al 31 de agosto de 2026. Fuente: CCC
Seis contratos con información pendiente de aclaración
El seguimiento también examinó los registros contractuales de los proyectos de vivienda. La revisión identificó seis contratos cuyos plazos previstos ya habrían vencido y cuya situación actual no puede establecerse con claridad a partir de la información publicada en SECOP.
Entre ellos figuran proyectos de reactivación de viviendas en Norcasia y La Merced; Primero Tu Casa, en Salamina; iniciativas de vivienda en Anserma y La Dorada, y programas de vivienda rural en varios municipios del departamento.
La Corporación encontró casos en los que aparecen suspensiones sin evidencia publicada de reactivación, así como contratos cuyos plazos finalizaron en 2025 sin que se encontrara el acta de terminación o información clara sobre eventuales prórrogas.
El informe también registra dos contratos suscritos en 2026 que aparecen en ejecución: uno para vivienda rural en Neira, por cerca de $1.671 millones, y otro de vivienda social para el campo en Riosucio y La Merced, por aproximadamente $3.106 millones. Ambos contaban con actas de inicio de agosto de este año.
La CCC precisa que la falta de información pública suficiente para determinar el estado de algunos contratos dificulta el seguimiento ciudadano y limita la transparencia. Por ello, solicita a la Gobernación y a las entidades responsables revisar y actualizar los datos sobre suspensiones, prórrogas, terminaciones y liquidaciones.
Esta observación no significa, por sí sola, que los contratos presenten irregularidades: el llamado de la organización se centra en la necesidad de que su situación quede claramente documentada y disponible para consulta pública.
Un desafío adicional: la reconstrucción de viviendas
El informe adquiere especial relevancia ante las necesidades habitacionales derivadas del terremoto del 10 de agosto de 2026. Sin embargo, la Corporación aclara que su análisis se limita a las metas ordinarias del Plan de Desarrollo 2024-2027 y no incluye las viviendas que eventualmente se ejecuten mediante programas especiales de reconstrucción.
La CCC considera que la experiencia acumulada en proyectos anteriores debe servir para mejorar la planeación, la ejecución y el seguimiento de las nuevas iniciativas.
El reto para la administración departamental será avanzar en los programas que presentan retrasos, garantizar información contractual clara y cumplir los compromisos de vivienda establecidos en el Plan de Desarrollo, al tiempo que se atienden las necesidades extraordinarias de las familias afectadas por el sismo.
