Una creciente polémica envuelve las labores de rescate en Pereira, la ciudad más golpeada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes 10 de agosto de 2026. Voluntarios y rescatistas han denunciado públicamente que las autoridades locales les impiden el acceso a zonas de escombros donde, según afirman, existen pruebas contundentes de la presencia de sobrevivientes. El epicentro del conflicto se ha centrado en la negativa oficial a suspender el uso de maquinaria pesada, priorizada para la remoción de escombros, mientras un grupo de ciudadanos asegura que bajo los restos del hotel Dibeni y en sectores como el barrio La Villa y el Parque La Libertad, aún hay personas con vida.
Las denuncias comenzaron a hacerse evidentes desde el pasado sábado 15 de agosto, cuando voluntarios reportaron que agentes estatales dispusieron maquinaria pesada en zonas donde los equipos de detección auditiva y térmica habían señalado posibles señales de vida. Freddy Humberto Cruz, abogado y residente en Pereira, ha sido una de las voces más críticas al confirmar que cuentan con evidencia técnica que respalda su solicitud de detener las máquinas. «Estamos intentando salvar una vida, pero por órdenes gubernamentales no se ha permitido el acceso para rescatar a la persona que permanece atrapada. Contamos con pruebas de audio y detección de calor que confirman la presencia de una víctima en el lugar», declaró Cruz, quien instó a las autoridades a reconsiderar los protocolos establecidos. El abogado enfatizó que su motivación es puramente humanitaria. «Nuestra presencia aquí no responde a intereses económicos, personales ni publicitarios. Estamos aquí para salvar una vida. Lograrlo sería motivo de profunda alegría para todos los pereiranos», añadió.
El clamor de los rescatistas y la comunidad
Gabriela Castaño, estudiante de Derecho y voluntaria que participó como ‘topo’ en el terremoto de La Guaira, ha sido una de las rescatistas más activas en la zona, confrontando directamente con los protocolos oficiales. Su experiencia previa le ha dado una perspectiva crítica sobre la situación actual. «Pedimos que se detengan las máquinas porque eso mata la vida que está ahí adentro y que queremos rescatar», expresó Castaño, visiblemente afectada por la impotencia de la situación. La estudiante desestimó las afirmaciones de las autoridades, que sostienen que no hay signos de vida tras las pruebas realizadas. «Nos han dicho que no hay vida, que han hecho pruebas, pero nosotros directamente hemos recibido señales de auxilio», sentenció. Su postura es contundente al priorizar la vida humana por encima de los procedimientos establecidos. «Cuando es un tema de vida, aquí no cuentan los protocolos. Aquí lo que cuenta es salvar esa vida», afirmó con firmeza.
«Estamos intentando salvar una vida, pero por órdenes gubernamentales no se ha permitido el acceso para rescatar a la persona que permanece atrapada. Contamos con pruebas de audio y detección de calor que confirman la presencia de una víctima en el lugar.»
Freddy Humberto Cruz, abogado y residente en Pereira
La tensión en el terreno es palpable. Mientras los voluntarios y la comunidad insisten en que la maquinaria pesada pone en riesgo la integridad de posibles atrapados, las autoridades se mantienen en su posición de priorizar la remoción de escombros con equipos mecánicos, un proceso que, según los denunciantes, es incompatible con la detección y rescate de sobrevivientes. Los primeros incidentes se reportaron en el barrio La Villa y el Parque La Libertad, y desde entonces la comunidad ha solicitado que se repitan las pruebas técnicas con dispositivos de detección especializados para confirmar o descartar la presencia de vida. Mientras el reloj avanza y los días de espera se acumulan, el dilema entre la urgencia humanitaria y los protocolos oficiales sigue sin resolverse, dejando a Pereira en vilo ante la posibilidad de que aún existan vidas que puedan ser salvadas bajo los escombros.
