En un desarrollo que genera controversia en el panorama político colombiano, candidatos investigados por presuntos actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), como Wadith Manzur del Partido Conservador, David Racero, Martha Peralta y Karen Manrique, han logrado curules en el Congreso de la República para el periodo legislativo 2026-2030, tras las recientes elecciones legislativas.
Estos políticos, que han estado bajo la investigación de la Corte Suprema de Justicia durante el periodo 2022-2026 por el caso del presunto saqueo en la Ungrd, uno de los escándalos más resonantes de los últimos años, se aprestan a reclamar sus credenciales en los próximos días para asumir sus escaños en el Capitolio Nacional, lo que evidencia una continuidad de figuras cuestionadas en el nuevo Congreso.
Persistencia de investigaciones en el nuevo mandato
El caso Ungrd ha marcado la agenda durante el periodo legislativo que culmina, con varios congresistas enfrentando pesquisas judiciales por irregularidades en la entidad encargada de la gestión de riesgos, y ahora esta situación se proyecta hacia el futuro, permitiendo que los implicados continúen su trayectoria parlamentaria pese a las sombras de las indagaciones.
Esta realidad plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema electoral y judicial para filtrar candidaturas cuestionadas, en un contexto donde el Congreso de Colombia inicia un nuevo ciclo con la presencia de estos legisladores electos, cuyo desempeño estará bajo escrutinio en los próximos cuatro años.
