Wilson Ruiz, exministro de Justicia y precandidato presidencial, cuestionó con firmeza el proyecto de sometimiento que se tramita en el Congreso de la República, una iniciativa que busca otorgar prerrogativas judiciales a cabecillas e integrantes de bandas criminales a cambio de su compromiso para desarticular dichas organizaciones delictivas. En una entrevista concedida a Infobae Colombia, Ruiz también expresó su profundo lamento por el hundimiento del proyecto de ley sobre el referendo por las regiones, que pretendía otorgar mayor autonomía territorial a diferentes zonas del país.
El exfuncionario, quien ha seguido de cerca las dinámicas legislativas desde su posición como aspirante al máximo cargo ejecutivo, criticó abiertamente los términos del proyecto de sometimiento, argumentando que representa un enfoque controvertido en la lucha contra el crimen organizado al ofrecer beneficios a quienes han liderado actividades ilícitas. Por otro lado, el referendo por las regiones, que no prosperó en el Legislativo, era visto por Ruiz como una oportunidad perdida para fortalecer la descentralización y empoderar a los territorios en la toma de decisiones locales.
Posición de un precandidato en el ojo del huracán legislativo
Desde su perspectiva como figura política con experiencia en el Ministerio de Justicia, Ruiz aprovechó la plataforma de Infobae Colombia para manifestar su desacuerdo con estas iniciativas, destacando la necesidad de políticas más equilibradas que no comprometan la justicia ni la autonomía regional. Su intervención se enmarca en un contexto de debates intensos en el Congreso, donde proyectos como el de sometimiento avanzan amid controversias sobre su impacto en la seguridad nacional, mientras que el fracaso del referendo por las regiones deja un vacío en las aspiraciones de descentralización administrativa del país.
Estas declaraciones de Ruiz no solo reflejan su visión sobre las prioridades legislativas actuales, sino que también posicionan al precandidato como un voz crítica en el panorama político colombiano, en un momento en que el Congreso evalúa medidas clave para enfrentar el crimen organizado y promover el desarrollo territorial equitativo.
