Wilson Ruiz, exministro de Justicia y candidato al Congreso por Manizales, interpuso una acción de tutela ante el Juzgado 52 Civil del Circuito de Bogotá contra el presidente Gustavo Petro, exigiendo disculpas públicas institucionales por comentarios realizados el 27 de enero en el hospital San Juan de Dios de la capital, donde el mandatario cuestionó la sexualidad de Jesús y María Magdalena, lo que Ruiz interpreta como una vulneración a derechos fundamentales como la libertad religiosa, la conciencia, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación espiritual. La tutela ya fue aceptada y se encuentra en estudio, buscando reparación simbólica mediante un acto público dirigido a los fieles católicos y cristianos.
Durante la audiencia del 5 de febrero, se presentaron nueve testimonios que respaldan la demanda, mientras que Diego Vargas Aguilar, representante de la Asociación de Ateos de Bogotá, tuvo 20 minutos para su exposición, defendiendo la posición de que el Estado no tiene competencia para validar o cuestionar dogmas de fe y calificando como un absurdo jurídico pretender que el sistema judicial actúe como árbitro en discusiones sobre creencias. La Asociación de Ateos también pidió la abstención presidencial de declaraciones interpretativas sobre religiones, en un contexto que reaviva debates sobre la libertad religiosa, la laicidad del Estado y la neutralidad institucional, recordando que la Corte Constitucional ha ordenado previamente la remoción de símbolos religiosos en espacios públicos.
Declaraciones que encendieron la controversia
El origen del conflicto radica en las palabras textuales del presidente Petro: «Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí, a lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir», pronunciadas desde su función estatal y consideradas por los demandantes como una distorsión de la verdad histórica, bíblica y teológica. La Confederación Evangélica de Colombia (Cedecol) expresó profunda preocupación, afirmando que la Biblia, fuente fundamental de la fe cristiana, no respalda ni sugiere tales afirmaciones. Esta es la primera vez que un mandatario en ejercicio responde judicialmente por comentarios sobre figuras religiosas, lo que podría sentar un precedente en la jurisprudencia colombiana.
«el Estado no tiene competencia para validar o cuestionar dogmas de fe»
Diego Vargas Aguilar, representante de la Asociación de Ateos de Bogotá
La tutela no solo busca disculpas públicas, sino también frenar lo que Ruiz y los afectados perciben como una intromisión inaceptable del poder ejecutivo en las convicciones espirituales de los colombianos, en un país donde la fe cristiana predomina y donde tales declaraciones generan profundas divisiones. Mientras el proceso avanza en el juzgado bogotano, el episodio subraya la tensión entre la expresión personal de un presidente y sus deberes institucionales de neutralidad.
